En tiempos en los que el Ejecutivo habla de recortes y esfuerzos económicos para las instituciones del Estado, el Ministerio de la Presidencia de Rodrigo Chaves recibirá ₡2.128 millones adicionales el próximo año, equivalentes a un incremento presupuestario de 18,1% que se utilizará, en su mayor parte, en un nuevo edificio y en más gasto salarial.
La cartera de Chaves —también jerarca de Hacienda, donde se formula el Presupuesto Nacional— será una de las pocas que reciba más recursos en 2027, en franco contraste con la situación de otras instancias, como es el caso del Poder Judicial, que ya ha advertido del golpe que significan las restricciones presupuestarias que se le impusieron en 2026 y que se recrudecerán en el año siguiente.
Por ejemplo, esos ₡2.128 millones que el Ministerio de Presidencia recibirá como aumento le servirían al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para crear nuevas delegaciones en Cabo Velas y La Cruz, dos zonas en las que se ha identificado la necesidad de fortalecer las operaciones, lo cual no ha sido posible por la falta de recursos.
Según información suministrada por el Poder Judicial, la creación de ambas sedes costaría un mínimo de ₡2.021 millones, un poco menos que el aumento que recibirá el Ministerio de la Presidencia. Estaba previsto que estas dos oficinas —y una más en Puerto Jiménez— se abrieran este mismo año, pero la posibilidad murió cuando el Gobierno decidió que no giraría el dinero.
“Hay una contestación por escrito del Ministerio de Hacienda en el sentido de que los dineros no se pueden usar porque el respaldo de esas partidas es para atender intereses de la deuda”, señaló el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, el pasado 29 de junio, durante una sesión de la Corte Plena.
Ese mismo día, el director del OIJ, Michael Soto, alertó de que tanto en Cabo Velas como en La Cruz hay problemas con el tráfico de drogas, mientras que en Puerto Jiménez la presencia policial es escasa: “Hay una necesidad clara, pero no tenemos los recursos”, señaló el director del OIJ.
Las restricciones presupuestarias tampoco permitirían la apertura de estas delegaciones en 2027, pese a que Soto manifestó que personas de esas comunidades han estado llamando para preguntar cuándo se abrirán.
“Realmente la afectación es importante, significativa y va a entrabar todas las investigaciones que hace el OIJ, especialmente las que son más complejas”, Michael Soto, director del OIJ.
Sí hay plata para más salarios del Gobierno
Al comparar los presupuestos de 2026 y 2027 se vislumbra que, de los ₡2.128 millones adicionales que recibirá el Ministerio de la Presidencia, la mayor parte está destinada a la partida de Edificaciones, con cerca de ₡1.037 millones para el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). UNIVERSIDAD consultó a Casa Presidencial de qué se trata este proyecto, pero al cierre de edición no hubo respuesta.
Además, el segundo rubro que tuvo el mayor incremento fue el de Remuneraciones, en el que se gastará ₡341 millones más. En ese monto se incluyen ₡150 millones para 9 plazas temporales, destinadas a 4 puestos de “consejero presidencial especializado”, 3 de “asesor profesional presidencial” y 2 de «asistente presidencial», mientras que el resto del incremento se relaciona con cargos fijos, de los cuales el ministerio cuenta con 422.
Ese último tipo de plazas creció de forma bruta en ₡380,6 millones —de ellos ₡251,8 millones (66%) corresponden a traslados entre escalas salariales por la Ley Marco de Empleo Público (10.159)—, pero una reducción en componentes como incentivos salariales dejó el balance final de la partida de Remuneraciones en los ₡341 millones de aumento antes mencionados.
Este Semanario también solicitó a Presidencia mayores explicaciones sobre el incremento particular en cargos fijos, sobre todo considerando que la cantidad de plazas no creció, lo que apuntaría a aumentos salariales. Sin embargo, al cierre de esta nota la gestión seguía en trámite.
Además de las partidas de Edificaciones y Remuneraciones, las siguientes que más crecieron fueron las de Bienes y Servicios (+277 millones), Maquinaria y Equipo (+220 millones) e Intangibles (+194 millones).
Golpe al Poder Judicial
La “economía jaguar” que le alcanza al Ministerio de Presidencia para recibir un aumento superior a los ₡2 mil millones parece no ser suficiente para que el OIJ reciba los recursos para abrir delegaciones en zonas urgentes, ni tampoco para que el Poder Judicial al menos mantenga el próximo año el mismo presupuesto que recibió para 2026.
En el proyecto del Presupuesto Nacional para 2027, entregado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, se contempla un recorte de ₡10.542 millones para el Poder Judicial, un 1,95% menos de lo que recibió esa instancia en 2026.
Además de eso, el Ejecutivo bloqueó otros ₡29.844 millones del presupuesto judicial, cuyo desembolso estaría supeditado a una serie de normas que terminarían convirtiéndose en una decisión política, más que una técnica.
Para que el Poder Judicial pueda utilizar los recursos bloqueados, el Gobierno estableció que primero debe cumplir varias condiciones como presentar estados financieros auditados sobre un fideicomiso inmobiliario o certificar el cumplimiento de disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR).
Al respecto, la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, señaló que la instancia podría acreditar el cumplimiento de esas disposiciones en unos seis meses, pero el problema radica en que la decisión de levantar el bloqueo finalmente recaerá en la Asamblea Legislativa, de mayoría chavista.
“Aquí nos imponen controles que no tienen un tiempo definido de cumplimiento, ni tampoco una seguridad de que finalmente se vayan a satisfacer. Este mecanismo lo que constituye es un obstáculo para una gestión eficiente de los recursos del Poder Judicial”, señaló Romero.
Si se suma el monto recortado más el bloqueado, la afectación presupuestaria al Poder Judicial alcanza los ₡40.386 millones. Romero fue enfática en que no solo será un golpe para la institución, sino también para las personas que acuden a sus servicios.
¿Qué servicios se verán afectados?
Según el director de Planificación del Poder Judicial, Allan Pow Hing, el golpe presupuestario implicará el cierre de oficinas y despachos judiciales, lo que encarecerá a la población el acceso a los servicios de justicia:
“Va a implicar para las personas trasladarse mayores distancias, pagar pasajes, pagar gastos en alimentación para poder acceder a servicios como solicitudes de pensiones alimentarias, solicitudes de medidas de protección cautelar, entre otros servicios que ofrecemos en el Poder Judicial”, manifestó Hing.
Por su parte, el director del OIJ manifestó que enfrentará problemas para comprar chalecos antibalas, municiones, combustible, repuestos para vehículos e implementos que requieren los laboratorios para realizar autopsias y pruebas de ADN.
“Realmente la afectación es importante, significativa y va a entrabar todas las investigaciones que hace el OIJ, especialmente las que son más complejas”, agregó Soto.
Además, el fiscal general, Carlo Díaz, planteó un panorama igual de preocupante, pues aseguró que ni siquiera se van a poder pagar las licencias de correo electrónico con las que se realizan las notificaciones de procesos judiciales.
Peor aún, el jefe del Ministerio Público advirtió que habrá un recorte de 25 plazas en la Fiscalía de Narcotráfico y de 33 en la que atiende casos de violencia de género y violencia doméstica. El fiscal manifestó que no se podrán atender casos sobre estafas informáticas, contrabando ni defraudación.
“Definitivamente, vamos a tener que seleccionar qué asuntos no vamos a poder atender (…). Vamos a tener que atender el narcotráfico con los remanentes que tenemos. Se corre el riesgo incluso de que muchas personas queden en libertad, al no poder atender los casos en los cuales ellos están privados de libertad. En realidad, es un caos el que se nos avecina”, indicó Díaz.
En la misma línea, el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, explicó que su departamento no podrá pagar alquileres, por lo que habría que cerrar oficinas: “Territorios como Isla Chira, sitios como Cóbano y otros lugares del país van a verse afectados ante la ausencia de defensores públicos que brinden servicio en ese lugar”, dijo.
La finta jaguar
En medio de las advertencias que lanzó el Poder Judicial la semana pasada sobre la afectación de los recortes, así como de diversas publicaciones sobre el tema en medios de comunicación, la presidenta Laura Fernández salió a señalar que reduciría los recortes:
“Di la instrucción de que la disminución solicitada sea solamente de ₡11.000 millones”, dijo Fernández, el pasado domingo, como si se tratase de una novedad, cuando en realidad ese monto corresponde a los ₡10.542 millones que ya vienen recortados en el proyecto presupuestario presentado desde inicios de setiembre.
La presidenta argumentó que en realidad al Poder Judicial le correspondía una disminución de ₡27.000 millones y que ahora la diferencia será asumida por otras instituciones del Ejecutivo, a la vez que fue enfática en que el bloqueo de los otros recursos seguirá vigente.
Además, la jerarca aseguró que no permitiría ser utilizada como un “chivo expiatorio” del Poder Judicial: “A mí no me utilizarán como excusa de sus errores”, anotó.
Tras el anuncio del Gobierno, todas las fracciones de oposición se mantuvieron críticas de las restricciones presupuestarias, aunque únicamente la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, evidenció que la supuesta reducción del recorte fue solo retórica, pues realmente siempre estuvo planteada en el mismo monto desde que se presentó el proyecto:
“(Fernández) Lo hace ver como una gran concesión. En realidad, no lo es, porque esos ₡11.000 millones eran el recorte que ya venía establecido en la ley de presupuesto que ella mandó a la Asamblea Legislativa”, dijo la legisladora.
La entrada Aumento de ₡2.000 millones a Ministerio de Presidencia equivale a lo que OIJ necesita para abrir sedes en Cabo Velas y La Cruz aparece primero en Semanario Universidad.