Entre diciembre de 2020 y setiembre de 2025, la inflación acumulada en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de un 14,6%, cifra que supera en casi el doble a la inflación general nacional (8,2%), según un análisis del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica sobre la evolución de los precios de los alimentos y su impacto en la economía de los hogares.
La inflación es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios durante un período de tiempo y conforme aumenta este porcentaje significa que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos cosas que antes.
En los últimos 12 meses, han registrado aumentos productos como el café (17,8%), la margarina, el pescado, los huevos (7,2%), el queso fresco (5.1%), la leche líquida (1.2%), la avena (61%) y la harina de trigo (53,3%), expuso el Colegio, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El economista del Colegio de Ciencias Económicas José Francisco Pacheco explicó que estos aumentos superan ampliamente el crecimiento promedio de precios. “Este comportamiento evidencia que la volatilidad en los precios de alimentos es un factor estructural con implicaciones directas sobre acceso y seguridad alimentaria”.
Cerca de 310.000 personas (un 5.8% de la población nacional) viven en pobreza extrema; es decir, no les alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, afirmó el Colegio.
La canasta básica alimentaria es un conjunto de alimentos y bebidas que satisface las necesidades nutricionales y energéticas mínimas de una persona promedio y cuyo costo se utiliza para medir la pobreza en el país.
Aumentos sostenidos en los alimentos pueden derivar en sustituciones de alimentos nutritivos por otros de menor calidad o en reducciones de gasto en bienes y servicios esenciales, explicó el Colegio.
Para el Colegio es prioritario que “las políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria incluyan instrumentos de estabilización de precios, apoyo a la producción nacional y mejoras en la eficiencia logística que reduzcan costos a lo largo de la cadena de valor”.
También recomendó “fortalecer los sistemas de monitoreo de precios y abastecimiento, de modo que se puedan anticipar presiones inflacionarias y activar mecanismos de respuesta temprana. Una estrategia coordinada entre el sector público y privado puede contribuir a garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los alimentos, protegiendo así la salud y bienestar de la población”.
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