Una reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes de la República confirma la caída sostenida en el presupuesto destinado a la educación pública que se ha visto reducido sistemáticamente desde 2019, alcanzando su mínimo en 2025 con un 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual incumple de nuevo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%.
De acuerdo con la Defensoría, el daño a la educación responde a una decisión política que se ha orientado a priorizar los resultados fiscales sobre la inversión social.
“Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense», revela el documento.
El director del Área Estudios Económicos de la Defensoría, Geovanny Barboza, destacó que “entre los hallazgos más relevantes que hemos encontrado en la investigación es como esta disminución presupuestaria viene construyendo los recursos destinados a formación docente, a recursos en inversión infraestructura, pero sobre todo lo que más nos preocupa es como esta disminución está incidiendo de forma directa en el acceso y la calidad a la educación como un derecho humano progresivo.”
En un comunicado la Defensoría indicó que “esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial.” Esta situación se ve reflejada en la caída en los resultados del país en las mediciones realizadas por mecanismos internacionales como las pruebas PISA.
Esta reducción – que ha afectado directamente programas de equidad como becas, alimentación escolar y transporte – constituye “una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.”
Problemas crónicos
El diagnóstico de la Defensoría coincide en sus resultados con las advertencias que realizó el Programa Estado de la Nación (PEN) en su Décimo Informe del Estado de la Educación al señalar que el país se encuentra en la peor crisis educativa de las últimas décadas.
UNIVERSIDAD ya abordó el problema el pasado diciembre cuando el especialista Pablo Chaverri, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina)resumió la magnitud del impacto de la crisis educativa en la realidad del país: “Nuestros estudiantes en secundaria están leyendo a un nivel similar al de estudiantes de primaria”. Solo una cuarta parte del estudiantado de secundaria puede leer al nivel esperado, mientras que en matemáticas el 96% está en niveles insuficientes según las pruebas PISA 2022.
Otra de las crisis que enfrenta el sector educación tiene que ver con el colapso del sistema de evaluación. La eliminación de las pruebas estandarizadas dejó al país sin herramientas para saber dónde está parado. El esquema “semáforo”, sin definiciones ni estándares, es para los expertos una simulación de evaluación que impide diseñar políticas con evidencia. Según Chaverri, se necesita “un sistema evaluativo que privilegie los aprendizajes y las habilidades, conocimientos y destrezas que los estudiantes puedan demostrar, y que, más que graduar gente, acreditemos conocimientos”.
Otra de críticas a la formación de los estudiantes tiene que ver con la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad, que, un año después aún no han sido remplazados con un Plan de Paz y Convivencia anunciado por la anterior ministra y diputada electa Anna Katharina Müller. Dicha decisión calificada de ideológica, según los expertos, puede incidir directamente en la convivencia, la resolución de conflictos, la prevención de violencia sexual y el bienestar emocional de un estudiantado cada día más afectado.
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