Denuncian a autoridades, funcionarios de la CCSS y a Marta Esquivel por posible delito de incumplimiento de deberes y perjuicio económico

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines) presentó  una denuncia penal ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra varias autoridades y funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por sus decisiones administrativas en relación al apagado del sistema Red Digital de Imágenes Médicas (Redimed)

Se trata de la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel; la actual jerarca, Mónica Taylor; el director de Tecnologías de Información (DTIC) y firmante de comunicaciones para el apagado de Redimed, Roberto Picado; el gerente médico, Alexander Sánchez; y el médico Alejandro Vallecillo, a quienes se les denunció por los posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, administración fraudulenta, desviación del poder, influencia contra la Hacienda Pública, perjuicio económico y posible daño a la salud pública. 

De acuerdo con el secretario general de Sinae Afines, Lenin Hernández, las decisiones administrativas tomadas entre 2022 y 2025 habrían puesto en riesgo la continuidad del sistema nacional de imágenes médicas digitales, la integridad de los diagnósticos y el patrimonio institucional de la CCSS.

Destacan en la denuncia hechos como:

  • La interrupción progresiva y no autorizada del sistema Redimed, pese a que la Junta Directiva había aprobado su incorporación plena al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y al Pograma Establecimientos de Salud Digitales e Inteligentes (PESDI).
  • La utilización de visores de imágenes médicas no certificados para diagnóstico en centros de salud, exponiendo a la población a errores clínicos y a los profesionales a eventuales procesos por mala praxis.
  • La desatención de advertencias técnicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del Componente de Innovación y Salud Digital (Cisadi), de auditorías internas y de la Contraloría General de la República (CGR), que señalaban fallas internas de infraestructura y alertaban sobre la obligación legal de garantizar la continuidad del servicio.
  • La emisión de informes técnicos desactualizados o incompletos, utilizados como base para promover el apagado del sistema contratado sin sustento jurídico ni estudio clínico que lo justificara.
  • La existencia de decisiones administrativas tomadas sin autorización de la Junta Directiva y contrarias a acuerdos firmes aprobados por el máximo órgano institucional.

Hernández agregó que estas acciones generaron un riesgo real, actual y grave para la seguridad de los pacientes, afectando diagnósticos por imagen, un componente crítico en oncología, emergencias, pediatría, ortopedia y múltiples especialidades.

“No permitiremos que decisiones improvisadas o motivadas políticamente pongan en riesgo la vida de las personas usuarias ni el trabajo clínico del personal de salud”, señaló Hernández.

Denuncia

En la denuncia, el Sindicato señaló la presunta participación, por acción y omisión, de Marta Esquivel, Mónica Taylor y Roberto Picado; y agregaron que el gerente médico, por su parte, fue quien suscribió informes que recomendaron las migraciones tecnológicas sin sustento técnico; mientras que Alejandro Vallecillo fue el autor del informe técnico desactualizado utilizado para justificar decisiones administrativas.

Con esta denuncia, el Sindicato pretende que la CCSS recupere inmediatamente la gobernanza técnica del ecosistema de imágenes médicas y que se restituya la ruta institucional aprobada para Redimed dentro del EDUS y del PESDI. 

Asimismo, exige que se suspenda el uso de visores no certificados para diagnóstico, y que la Junta Directiva conozca con transparencia toda la información vinculada al proyecto y a su interrupción.

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