
Con una reducción de casi ₡393.000 millones respecto al gasto de este año, el Gobierno presentó este 1.º de setiembre el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 ante la Asamblea Legislativa. El plan propuesto suma ₡12,4 billones, es decir, un 3,1 % menos que el presupuesto vigente del 2026.
El expediente 25.754 ingresó a la corriente legislativa durante el acto realizado en el Salón de Expresidentes. El documento entregado consta de 2.244 páginas, aunque la exposición se concentró en las prioridades generales y no detalló cada partida institucional.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, sostuvo que el presupuesto disminuye 3,1% respecto al año anterior. «Estamos cortando el presupuesto en 3.1(%) con relación al del año pasado», afirmó al explicar que el ajuste representa casi ₡400.000 millones menos para el ejercicio.
El proyecto se financiará con ingresos y deuda. El explicó que 38% de los recursos provendrá de endeudamiento, mientras el discurso oficial destacó que el país mantiene un margen limitado para decidir sobre nuevos gastos debido a obligaciones ya establecidas por ley en 2027.
«Los ingresos no alcanzan, porque cada colón que va a gastar el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, un ministerio cualquiera, 38 ‘centavos’ vienen de deuda», Rodrigo Chaves.
Un 40% del presupuesto se destina al pago de la deuda, un 28,2% a transferencias establecidas por ley y un 24,7% a remuneraciones. Al quedar únicamente un 7% disponible para otros gastos e inversión, Chaves resumió la situación financiera con la siguiente afirmación: «No hay flexibilidad de gasto, por lo tanto no hay flexibilidad de políticas públicas«.
El Poder Judicial será uno de los puntos de mayor disputa durante el trámite. El Gobierno aplicó un recorte de ₡10.000 millones y planteó congelar otros ₡30.000 millones mediante normas de ejecución presupuestaria que ahora deberá analizar la Asamblea para su aprobación.
«Le cortamos 10.000 (millones de colones), pero le tenemos la propuesta a la Asamblea de congelar 30 mil millones más», dijo Chaves. El mecanismo condicionaría el uso de esos recursos a requisitos sobre un fideicomiso de infraestructura y partidas salariales cuestionadas por Hacienda.
Según el ministro, el Poder Judicial mantiene $661 millones en un fideicomiso de infraestructura. Hacienda planteó exigir una auditoría que determine cómo se utiliza ese dinero, dónde está invertido y cuáles son sus resultados antes de autorizar nuevas obras del Poder Judicial.
Chaves también cuestionó pagos adicionales para magistrados. Afirmó que existe una partida cercana a ₡2 millones por magistrado para labores gerenciales y que esos recursos quedarían congelados hasta que el Poder Judicial presente un informe que justifique el gasto solicitado.
En otros rubros, la exposición mencionó ₡2,4 billones para educación, ₡2,5 billones para programas sociales, ₡924.000 millones para seguridad y orden público y ₡734.000 millones para infraestructura y escuelas. Son cifras generales, sin desglose institucional adicional presentado.
| Rubro mencionado | Monto |
|---|---|
| Educación | ₡2,4 billones |
| Programas sociales | ₡2,5 billones |
| Seguridad y orden público | ₡924.000 millones |
| Infraestructura y escuelas | ₡734.000 millones |
La situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también fue abordada. Chaves aseguró que el Gobierno no ha conciliado la deuda estatal con la Caja porque, según dijo, no cuenta con documentos que permitan comprobar el monto reclamado. Por eso, afirmó que no girará recursos sin una conciliación previa al responder sobre la CCSS. Sostuvo que transferir recursos sin cuentas conciliadas sería irresponsable y posiblemente ilegal para el Gobierno..
«No existen los documentos ni la base de razonabilidad de que esa deuda efectivamente es el monto correcto», afirmó Chaves.
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, defendió la propuesta fiscal y pidió una discusión sin convertir el trámite en confrontación política. «No convirtamos la discusión del presupuesto en un show político, estudiemos con conciencia, discutamos, cuestionemos, pero hagámoslo con responsabilidad», dijo.
El presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, destacó que 38% del presupuesto se financia con deuda. Además, defendió aprobar eurobonos para conseguir recursos de largo plazo y en mejores condiciones, mientras Hacienda busca sostener el ajuste fiscal para 2027.
El proyecto deberá avanzar por el trámite legislativo correspondiente. La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene como fecha límite el 20 de octubre para dictaminarlo y, posteriormente, pasará al plenario para su discusión y votación dentro de los plazos establecidos.
| Rubro | 2026 | 2027 | Variación |
|---|---|---|---|
| Educación | ₡2.771.516 millones | ₡2.400.000 millones | -13,4% |
| Protección social | ₡1.986.917,0 millones | ₡2.500.000 millones* | +25,8% |
| Orden público y seguridad | ₡1.133.375,8 millones | ₡924.000 millones | -18,5% |
Al momento de esta publicación, la Asamblea Legislativa no había incorporado el expediente completo a su plataforma pública, por lo que aún no estaba disponible allí el desglose íntegro de las 2.244 páginas. Esta nota se basa en la presentación, la ronda de preguntas y la información oficial disponible.
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