Propuestas de candidatos para pensiones: Incentivar formalización, pensión de consumo, régimen de aportes individuales y descongelar salarios

Políticas para incentivar la formalización de las miles de personas que laboran en el sector informal, descongelar salarios, invertir fondos de pensiones en construcción de obra pública, una pensión básica universal, una pensión de consumo, un régimen de aportes individuales y que el Estado honre la deuda que mantiene con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fueron las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República para el sistema de pensiones.

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) invitó a los 20 candidatos a un debate presidencial sobre el futuro del Sistema Nacional de Pensiones y a la actividad, que se realizó el pasado 5 de noviembre en el auditorio de Jupema, asistieron 15 de las personas candidatas.

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, y quien fungió como Superintendente de Pensiones (2015-2020), confirmó su propuesta de migrar a una pensión básica universal, que complemente las pensiones básicas contributivas y que garantice un ingreso mínimo a todas las personas mayores, independientemente de si cotizaron o no en el régimen formal. Ramos también está de acuerdo en que los fondos de pensiones se inviertan en obras de infraestructura; pero no en la fase constructiva sino cuando ya exista claridad en los flujos de ingreso de la obra.

Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social, dijo que los trabajadores no debían ser penalizados por decisiones fiscales y que toda reforma al sistema de pensiones debe respetar los derechos adquiridos, las situaciones consolidadas. También propone reforzar la cultura del ahorro.

Ariel Robles, del Frente Amplio, planteó como prioridad combatir la informalidad, que ronda hasta un 40%, promover que se pueda invertir los fondos en obra publica, descongelar los salarios y honrar el pago de la deuda del Estado con la Caja y con los regímenes de pensiones en general. Asimismo, recalcó el descongelamiento de las pensiones del Magisterio Nacional. “Soy hijo de una maestra que hoy tiene su pensión congelada, como miles de personas en este país (…). Queremos gobernar para la gente que sabe lo que es sufrir los impactos de un modelo económico que ha tenido sus falencias. Hay que recuperar el Estado de Derecho, hay que recuperar el Estado solidario. Aquí hay tres opciones: seguir con la continuidad, volver al pasado o darnos la oportunidad”.

Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática, afirmó que hay que eliminar las desigualdades que están presentes, como el congelamiento de los salarios en el sector público y fortalecer las inversiones de los fondos de pensiones, por ejemplo, permitiendo que se puedan invertir en obra pública.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, argumentó que una mejora de la competitividad del país va a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, porque un aumento del PIB generará un aumento de la base contributiva. Mencionó fijar como estrategia la formalización de los trabajadores, eliminando requisitos y penalidades, con un régimen estandarizado para MiPymes. Y también propone generar mejores condiciones a las operadoras y a los fondos de pensiones para que mejoren sus rendimientos y puedan participar en proyectos bien estructurados de obra pública, con una cartera de inversión sólida y un Gobierno dispuesto a ejecutar; así como generar los mecanismos para que los fondos puedan invertir y aumentar el límite que tienen las operadoras de pensiones para invertir en el extranjero.

Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional, aseveró que está comprometido con buscar recursos nuevos, recuperando “todo el oro que nos han robado los coligalleros” y destinando esos recursos para las pensiones del IVM y del Régimen No Contributivo (RNC).

Douglas Caamaño, de Costa Rica Primero, planteó que el modelo a seguir es el régimen de pensiones de Jupema, porque está protegido y blindado, se respetan los derechos adquiridos y porque “ni un solo cinco del régimen de Jupema va a para regímenes complementarios que están fracasando”. Asimismo, propone la explotación adecuada y quirúrgica del gas natural, para que esos recursos vayan directamente a la Caja para saldar la deuda del IVM, y regímenes no contributivos.

Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, sostuvo que el IVM “es sostenible porque se basa en principios de hace un par de siglos, cuando la población crecía aceleradamente, cuando cada año muchas personas entraban a la fuerza laboral y donde las personas morían bastante mas jóvenes”. “Hoy tenemos un régimen de reparto, que significa que quienes están trabajando en este momento están pagando las pensiones de quienes ya están retirados; pero con cada vez menos personas entrando a la fuerza laboral, hoy las pensiones de las personas que están trabajando no están garantizadas porque el régimen es insostenible a mediano y largo plazo”, señaló. “La única solución es migrar a un régimen de aportes individuales, donde los aportes tripartitos (Estado, patrono y trabajador) entren a una cuenta del trabajador, de manera que el trabajador le pueda dar seguimiento”, agregó.

Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación, propuso implementar una directriz y un proyecto de ley para que todos los recursos del presupuesto que estén con subejecución vayan directo al pago de la deuda del Estado con la seguridad social; y que los recursos de los fondos se puedan invertir en obra pública.

José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, resaltó impulsar la competitividad, modificar las cargas regulatorias con el fin de que más gente trabaje y cotice, así como la explotación de recursos minerales que permitan invertir en los regímenes de pensiones.

Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Socialcristiana, explicó que hay que atacar la informalidad, reduciendo las cargas sociales, específicamente reduciendo la contribución patronal a un 19%. Planteó eliminar la contribución patronal del 7,25% que hoy en día se destina a financiar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y otros programas, y que éstos se financien con impuestos ordinarios. Asimismo, apuntó a buscar esquemas para que los fondos de pensiones tengan mejor rendimiento.

Luz Mary Alpízar, de Progreso Social Democrático, mencionó reestructurar el Consejo Nacional de Concesiones, para mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura y de vivienda, para que se puedan invertir aquí los fondos de pensiones.

Marco Rodríguez, de Esperanza y Libertad, sostuvo que es necesaria la participación de la educación superior para fortalecer programas de finanzas personales, y que los jóvenes aprendan sobre la importancia de los aportes a las pensiones y el trabajo digno.

Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, dijo que, en un gobierno suyo se reconocería la deuda del Ejecutivo con el sistema de pensiones y se llegaría a un acuerdo de pago, y que se emitirían “bonos de deuda perpetua” respaldados por el Estado y, a partir de esto, se pagarían los intereses con recursos subejecutados del presupuesto de instituciones.

Mientras que Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense, señaló que se necesita que las 1.300.000 personas que están laborando en la informalidad empiecen a cotizar. Propone una pensión consumo, que destine un 1% del 13% que se paga del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a una cuenta cedular de cada persona y se vaya acumulando para su pensión futura.

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