El Área de Conservación Arenal Huetar Norte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) afirmó que las fincas señalas en una denuncia por supuesto cambio de uso de suelo e invasión a área protegida en Jocote de Pocosol, en San Carlos, no se ubican dentro de los límites del área de protección del Corredor Fronterizo de la Zona Norte.
El 9 de febrero, los diputados del Frente Amplio (FA) Ariel Robles y Priscilla Vindas, así como el abogado y diputado electo para el periodo 2026-2030 por el FA, Edgardo Araya, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental por “cambio de uso de suelo e invasión a área protegida” en unas fincas en Jocote de Pococol, específicamente sobre la ruta 761, después del puente sobre el río Pocosol, carretera a Los Chiles.
Diputados denuncian ante Fiscalía Ambiental tala ilegal en Jocote de Pocosol e invasión al Corredor Fronterizo Norte
En el video difundido por el Observatorio Ciudadano Zona Norte se ven extensos terrenos en colinas donde se ha removido la tierra y donde aparentemente existía bosque.
En respuesta, el Sinac emitió un comunicado en el que señaló que “de acuerdo con la información preliminar verificada por personal técnico de la institución en sitio, las fincas señaladas en la denuncia se ubican fuera de los límites del Área de Protección del Corredor Fronterizo de la Zona Norte”.
“Si bien se trata de propiedades cercanas a dicha categoría de manejo, no se encuentran dentro de los límites oficiales del corredor fronterizo”, indicó el Sinac.
El Sinac declaró que mantiene seguimiento en campo “para verificar los hechos denunciados” y que “en caso de identificarse eventuales infracciones a la normativa ambiental vigente, se procederá conforme a derecho, en estricto cumplimiento de la legislación nacional”.
La ruta terciaria 761 va de San Humberto en dirección norte, atravesando varias comunidades del distrito de Pocosol, cantón de San Carlos, hacia la frontera con Nicaragua.
En 1994 se declaró “Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo” a los terrenos comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de la frontera con Nicaragua, desde Punta Castilla, en el mar Caribe, hasta bahía Salinas, en el océano Pacífico, mediante el decreto 22.962-MIRENEM.
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