El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) acordó en la sesión de la mañana de este martes la aprobación de una modificación presupuestaria que permite pagar a los funcionarios el ajuste de la anualidad correspondiente al 2020, la cual se reconocerá de forma retroactiva, también, para el 2021 y 2022 y a su vez el establecimiento de la anualidad de 3,75 según la Convención Colectiva de Trabajo desde diciembre del 2025.
Esos compromisos salariales se dan de acuerdo con los términos de la Convención Colectiva de Trabajo de la UCR. Sin embargo, no se cancelaron en años anteriores por la aplicación precautoria de la Ley 9635; conocida como Ley de Fortalecimientos de las Finanzas Públicas. El pago de la anualidad en la Convención de la UCR es de 3,75% de acuerdo con esa convención.
Harold Chavarría, secretario general del Sindicato de Empleados de la institución (Sindeu) explicó que lo que se pagaría en diciembre es un primer tracto correspondiente al 2020, que equivale a la diferencia entre lo que se giró de forma nominal, con base en la ley 9635, y el porcentaje (3,75%) que corresponde al aplicar la formula de cálculo de la Convención en su artículo 14.
Además, desde el 14 de diciembre de este año se actualiza el porcentaje de la anualidad equivalente al de 2020, con lo cual se ajusta de nuevo esta diferencia entre los criterios establecidos por la convención y la ley de Finanzas Públicas.
Al mismo tiempo se acordó que se pagará el escalafón en el primer cuatrimestre del 2026 a quienes les corresponda ese plus salarial.
Chavarría comentó que el impacto de estos pagos va a ser muy importante a nivel financiero para la institución, y destacó que como sindicato eran «responsables con los derechos, el pago de deudas y el equilibrio, para que la institución cumpla con sus actividades esenciales y la responsabilidad del sector estudiantil».
En acatamiento de la resolución 2025-008201 de la Sala Constitucional y otros documentos de jurisprudencia, se expresó que esta ley solo puede limitarse a instituciones que estén sujetas a la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Esto significa que no se incluyen a las instituciones que, por su condición de exclusivas y excluyentes, se encuentran fuera de su tutela o alcance de supervisión: como las universidades públicas.
El acuerdo señala la aprobación de la modificación presupuestaria n.° 8-2025: por un monto ₡22.350.962.138 mediante la cual se reordenan recursos y se destina el remanente ₡7.876.468.241 para la distribución de compromisos salariales originados por el no pago de anualidades, de acuerdo con los términos de la Convención Colectiva de Trabajo de la UCR.
De acuerdo con Eduardo Calderón, miembro del CU, esta modificación no está generando ningún aumento en el presupuesto institucional y solo representa una redistribución interna de los recursos. Añadió que no se afecta al plan anual operativo y que permite mitigar riesgos legales y administrativos futuros.
“Debido a que la convención colectiva se encuentra vigente, la UCR no solo puede, sino que debe, honrar el pago de las anualidades dejadas de percibir por los trabajadores universitarios a quienes resulte aplicable este cuerpo normativo”, recalcó el ingeniero.
El rector de la UCR, Carlos Araya, se mostró satisfecho con la aprobación de la modificación presupuestaria y también señaló que está pendiente el pago de la deuda del escalafón administrativo.
“Esa deuda también existe del año 2020 en el caso del Escalafón Administrativo y asumimos el compromiso de que en el primer cuatrimestre del próximo año vamos a hacer el pago correspondiente. Quisiéramos haber podido honrar toda la deuda, pero es lo que institucionalmente podemos”, añadió el funcionario.
Para Hugo Amores, miembro del CU, la resolución de la Sala IV refuerza la autonomía universitaria.
“El reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional reafirmó que la Convención Colectiva de Trabajo continúa vigente al declarar inconstitucional la obligación de denunciarla impuesta por el transitorio que se declaró inconstitucional. Esta resolución también devolvió entonces claridad, confianza y estabilidad a la comunidad universitaria”, manifestó Amores.
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