“El hecho de que el atraso en los nombramientos de los (as) magistrados (as) suplentes esté causando el quebranto del derecho fundamental del recurrente, no cambia las cosas, por la elemental razón de que este Tribunal no tiene la potestad para obligar al Parlamento a efectuarlos”.
Tal fue la posición de los magistrados Luis Fernando Salazar Alvarado y Fernando Castillo Víquez en el voto que salvaron en la resolución de la Sala Constitucional que dejó sin efecto “todo acuerdo tomado por la Asamblea Legislativa para devolver la nómina de candidatos a magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional y solicitar una nueva nómina a la Corte Suprema de Justicia”.
Por su parte, la magistrada Anamari Garro Vargas asumió una posición similar. Al igual que Salazar y Castillo, presidente de la Sala, se apoyó en el antecedente de una resolución de enero (2026-3601) sobre el mismo tema, en la cual entre los considerandos se apuntó que la Constitución no le impone un plazo a la Asamblea Legislativa para hacer los nombramientos, y que “es la única con poder de decisión en este tema”.
Una importante diferencia es que en ese caso resuelto en enero, el recurso de amparo fue presentado por una persona, quien no alegó una afectación directa a sus derechos fundamentales individuales y por esa razón fue rechazado. En este caso, se trató del amparo de un ciudadano que tenía varios recursos referentes a su derecho al acceso a la salud en espera de resolución por la falta de suplentes.
Como dato curioso, se encontró que la cita de la resolución de enero incluida por los magistrados Castillo y Salazar como fundamentación a su voto salvado, presenta una omisión con el texto que de hecho forma parte de ese documento (ver recuadro).
Garro Vargas, entre otras cosas, en su voto salvado de 22 páginas, alega que “hay aquí una lesión al principio de separación de poderes, porque un órgano del Poder Judicial estaría variando los efectos de un acto del Poder Legislativo, cuya duración fue definida por la Constitución y la ley”.
Los derechos como prioridad
Como se sabe, la Constitución establece que para nombrar a las magistraturas suplentes, la Corte Suprema de Justicia envía una nómina preseleccionada a la Asamblea Legislativa, donde se realiza la escogencia definitiva.
Como también es bien sabido, ante el vencimiento de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional el control oficialista de la Asamblea Legislativa llevó a rechazar en sucesivas votaciones a todas las personas propuestas, incluso con votos en blanco y ausencias del Plenario. En ello se basó la presidenta legislativa, Yara Jiménez Fallas, para devolver la lista de nominaciones al Poder Judicial, sin ofrecer argumentación alguna respecto de la falta de idoneidad de ninguna de las personas propuestas.
En medio de ese periplo, más de 120 expedientes se vararon en la Sala Constitucional, muchos de ellos recursos de amparo referidos al tema de acceso a la salud.
El asunto quedó zanjado luego de que a finales de julio se conociera el por tanto de la resolución 29344-2026, redactada por el magistrado Paul Rueda Leal, en la que, como ya se dijo, se dejaron sin efecto los acuerdos promovidos por la presidenta legislativa y se prolongó el nombramiento de las actuales magistraturas suplentes hasta que la Asamblea cumpla con su mandato constitucional.
Esta resolución consideró entre otras cosas que los constituyentes buscaron reafirmar la responsabilidad de la Asamblea Legislativa para nombrar a las magistraturas y que no se puede invocar el reglamento legislativo para negarse a hacerlo. Además, reafirmó la importancia del recurso de amparo como herramienta para defender los derechos fundamentales de la población.
Acceso a la justicia
Marcia Aguiluz, abogada experta en derechos humanos y directora para América Latina de la Organización no gubernamental (ONG) American Friends Service Committee, ponderó que la Sala Constitucional se enfrentó a “un dilema en el cual claramente hay un conflicto entre poderes”, pues la disposición constitucional para establecer un contrapeso entre esos poderes no se estaba cumpliendo.
“Frente a ese conflicto entre poderes, surge lo que considero que es el problema central y por el cual mi valoración es positiva de la decisión: ¿a dónde queda el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía?”, indicó. Explicó que el voto de la mayoría se inclinó por garantizar el acceso a la justicia y proteger ese derecho.
Sobre el argumento de los magistrados disidentes de que la Sala IV carece de “potestad para obligar al Parlamento», Aguiluz es enfática en afirmar que pesan los derechos fundamentales de la población sobre “una posición absolutamente rígida”.
Ella sostiene que al decir que se garantiza “un balance de poderes entre comillas” entonces “no importan las consecuencias, no importa si la gente no está teniendo acceso a la salud, no importa si no están teniendo acceso a la libertad de expresión, o a otras cosas que puede conocer la Sala”.
No se trató de una situación procesal generada por una causa mayor, agregó, sino que “estamos hablando de una tensión que ha sido deliberadamente generada por la Asamblea Legislativa, porque hasta el momento no ha dado ninguna razón objetiva de peso para decir: rechazo esto, (sino que) simplemente no nos gustan”.
Ante el argumento de la magistrada Garro de la “lesión al principio de separación de poderes”, Aguiluz ponderó que debe considerarse, como lo hace el voto de mayoría, la voluntad de la Asamblea Constituyente: “había una intencionalidad precisamente de establecer pesos y contrapesos, pero una clara intención también de que la Corte Suprema tuviese qué decir, o sea, hay un rol específico”.
“Uno podría decir que la Asamblea Legislativa está violentando la separación de poderes, cuando quiere obligar a la Corte Suprema a que ponga otros nombres que no son los que la Corte Suprema consideró”, concluyó.
Voto salvado omitió una frase clave
Como se dijo, los magistrados Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro fundamentaron en parte sus votos salvados en una resolución de enero de la propia Sala IV (2026-3601).
Salazar y Castillo ofrecieron una cita directa de ese documento: “no existe en la Constitución un viso de perentoriedad en tal plazo que obligue al Poder Legislativo a realizar la elección, necesariamente dentro del mismo, so pena de incurrir en la imposibilidad de hacerlo posteriormente. Asimismo, al tratarse del ejercicio de una atribución propia de la Asamblea Legislativa, esta es la única con poder de decisión en este tema por la exclusividad conferida a ese órgano en la Constitución”.
Llama la atención que al revisar el texto de esa resolución, se encontró la sorpresa de que en la cita incluida en el voto salvado se omitió la frase: “Ahora, si bien es cierto la situación no deja de ser preocupante ya que ello puede causar inseguridad jurídica (…)”, que antecede la frase que inicia con “asimismo”.
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