La Comisión Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia conoció este martes el informe de la Contraloría General de la República sobre el proyecto de ley para cerrar brechas en el sistema educativo público, iniciativa que plantea ampliar la cobertura, mejorar la infraestructura y fortalecer los servicios estudiantiles, pero que enfrenta observaciones relacionadas con su sostenibilidad financiera, gobernanza y capacidad institucional.
Entre los objetivos se mencionó la cobertura universal, mayor atención a población indígena, ampliación del cuido en 50%, grupos de hasta 25 estudiantes, mejoras de infraestructura y apoyos de bienestar estudiantil. “El proyecto de ley tiene como propósito saldar deudas que son históricas y cerrar brechas en materia de educación”, afirmó la Contralora Marta Acosta durante su intervención.
En materia financiera, la Contralora describió las fuentes propuestas por el proyecto y las calificó de limitada sostenibilidad. Señaló que el uso de superávits y ahorros por gestión de deuda se trata en las actas como flujos variables que no pueden asumirse como ingresos permanentes.
Asimismo, Acosta detalló que el proyecto contempla incrementos en transferencias del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ajustes en los aportes de operadores al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y el uso de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), y gobiernos locales.
Sin embargo, la jerarca indicó que estas medidas requieren estudios técnicos que respalden su viabilidad y permanencia en el tiempo. Además, señaló que la meta de inversión en dispositivos y capital podría resultar financieramente inviable bajo las condiciones actuales.
La Contralora también advirtió que, de mantenerse el esquema planteado, el financiamiento del proyecto podría implicar un aumento del endeudamiento público cercano a dos puntos porcentuales del PIB, lo que obliga a una evaluación más rigurosa de su impacto fiscal, según consta en las actas.
El diputado Jonathan Acuña Soto manifestó su respaldo a los objetivos del proyecto, no obstante, planteó que la discusión debe centrarse primero en definir las necesidades del sistema educativo.
“La pregunta correcta es ¿qué es necesario hacer y cómo podemos organizar los presupuestos para lograr esos objetivos?”, señaló el legislador, quien añadió que no se debe limitar el análisis únicamente a la disponibilidad actual de recursos.
La Contraloría expuso debilidades estructurales del Ministerio de Educación Pública (MEP) para la implementación del proyecto en áreas como planificación, gestión financiera, adquisiciones y recursos humanos, lo que podría dificultar su ejecución. En ese sentido, indicó que es necesario fortalecer la capacidad institucional para garantizar resultados y una adecuada articulación con otras entidades involucradas.
Además, Acosta señaló que el proyecto no define con claridad los mecanismos de coordinación entre instituciones como el Ministerio de Hacienda, el INA, FONATEL y otros actores, ni establece con precisión las responsabilidades en la ejecución de los recursos, lo que representa un riesgo en términos de gobernanza y control.
Finalmente, la Contralora indicó que la creación de fideicomisos para infraestructura debe estar respaldada por estudios técnicos previos, identificación de necesidades concretas y fuentes de financiamiento definidas, para evitar problemas en su implementación.
La comisión acordó continuar el análisis del proyecto e incorporar los estudios técnicos solicitados, así como abrir espacio a nuevas intervenciones de diputados y entidades involucradas antes de avanzar en su discusión.
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