La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a instruir a la Gerencia Financiera y Gerencia de Logística la elaboración de un plan de recuperación de operaciones de la CCSS que incluya el funcionamiento del ERP. En un plazo de cinco días hábiles se le debe enviar a la CGR una copia del acuerdo tomado.
La información está contenida en el oficio DFOE-BIS-0647-2025 que fue publicado hoy en horas de la mañana, donde el órgano contralor constata que se ha generado una crisis institucional por la puesta en marcha prematura del sistema informático de recursos empresariales ERP que compromete la prestación de servicios de salud y las finanzas de la Caja.
“Pese a advertencias de las gerencias, consultores externos y la Auditoría Interna, la salida en vivo del sistema el 2 de junio de 2025 ha venido afectando significativamente procesos esenciales. Entre las principales afectaciones figuran la suspensión de cirugías programadas, atrasos en la entrega de medicamentos y atención de pacientes, descontrol en el abastecimiento de insumos médicos, retrasos en pagos a proveedores y pérdida de control sobre activos institucionales. Estas situaciones comprometen la atención oportuna de los asegurados y ponen en riesgo la estabilidad financiera del seguro social”, se lee en el documento.
Dentro de los efectos que tuvo la salida en vivo anticipada de este sistema se encuentran: suspensión de cirugías programadas, facturación, ejecución presupuestaria, atrasos en los pagos a proveedores y en la entrega de medicamentos.
Incluso se evidenció una pérdida de la trazabilidad de los inventarios de suministros médicos y de medicamentos. Por ello se tuvo que retomar la operación de sistemas antiguos como el SIFA y el SIGES para brindar el abastecimiento.
“Los efectos no responden a un periodo de estabilización. Constituyen una crisis institucional activa que continúa afectando la capacidad de la CCSS para garantizar la prestación de sus servicios. Los hechos verificados demuestran una erosión progresiva de los contrapesos técnicos y el control independiente. Por tanto, queda claro que las fallas actuales no son el resultado de ‘mejores controles’ del nuevo sistema, sino la consecuencia de la omisión absoluta del control previo a su puesta en producción”, mencionó el informe.
En caso de que no se acaten las disposiciones que ordena la CGR, dicha acción se podría considerar como falta grave, lo que daría lugar a la suspensión o a la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la Contraloría General.
Presidenta ejecutiva dice que el sistema “es exitoso”
Esta mañana en la Comisión Especial de Presuntas Irregularidades de la CCSS en la Asamblea Legislativa se recibió en audiencia a Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja. En ese espacio, la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio le consultó sobre por qué considera que la implementación de este sistema, que ha tenido un costo de ₡27 mil millones, ha sido “exitoso” y le mencionó las múltiples alertas que dio la empresa PWC señalando que no era el momento para poner a funcionar el sistema. Ante ello, esto respondió Taylor:
“Es un proyecto que desde el 2016 se gestó y hasta el 2018 hubo la contratación. Le digo que es exitoso porque de las 15 interfaces hay 13 interfaces que ya están en ERP y ya tienen toda la información completa y caminan; las dos que quedan precisamente son los tres aspectos críticos que mencioné: flujo de inventario, cierre contable y el tema que estamos viendo con pago de proveedores por supuesto que es exitoso porque son más de 100 mil facturas que se han pagado y tenemos un remanente 25 mil facturas que se están trabajando”, señaló la presidenta ejecutiva de la CCSS.
La diputada se reseñó que hay múltiples informes de auditorías internas que señalan irregularidades en el proceso de implementación del sistema ERP-SAP. Le preguntó si existe alguna investigación contra funcionarios de la CCSS por la implementación en vivo de este sistema pese a las múltiples advertencias previas.
Ante ello, Taylor dijo que: “no hay ninguna investigación porque la junta directiva no tiene elementos suficientes para ordenar que se abra un procedimiento administrativo”.
En esa misma sesión de la Comisión se convocó en audiencia a Marta Esquivel, contralora general, para que se refiera al documento citado.
Durante la comparecencia de Taylor, la legisladora Alfaro dio la noticia de que se publicó este informe por parte de la CGR y pidió que se incluyera en el expediente de la Comisión Legislativa. La presidenta ejecutiva de la Caja señaló en ese espacio que no tenía conocimiento de dicho oficio.
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