La construcción y operación de embarcaderos es necesaria para cubrir necesidades de transporte de personas y mercancías en comunidades costeras, muchas de ellas en situaciones de riesgo. Pero, precisamente por esa condición, dejar esa infraestructura en operación sin los debidos controles puede incidir en que sea tomada por la delincuencia organizada.
Se está ante una cantidad inédita de embarcaderos en construcción o en proceso de licitación durante esta administración. Ya se han puesto en operación tres: el de isla Chira y dos en isla Venado (sectores de Tiradores y Florida), en el golfo de Nicoya. Además, se están construyendo el de isla San Lucas, el de Colorado de Abangares y el de bahía Drake.
Adicionalmente están en proceso de diseño o licitación los embarcaderos de Pavones, Costa de Pájaros, bahía El Coco, Puerto Thiel, isla Caballo y Paquera, en el Pacífico; así como La Pavona (Tortuguero), Puerto Viejo, Parismina y Caño Blanco, en el Caribe, de acuerdo con información de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva).
“En sitios de esta naturaleza puede llegar también dinero en efectivo, a propósito de la gran rotación de dólares que tenemos en Costa Rica”, Tania Molina Rojas.
Por ello preocupa que ya sea por la capacidad, o falta de ella, de los gobiernos locales para administrar su operación, o por la falta de control de la Dirección de Aduanas, estas obras de infraestructura pueden representar tanto una esperanza como un serio riesgo para las comunidades.
En ello coinciden fuentes consultadas por UNIVERSIDAD, tanto desde la Asamblea Legislativa como criterios expertos desde la criminología.
“A la libre”
El diputado liberacionista Francisco Nicolás, quien representa a la provincia costera de Puntarenas, en primer lugar, dijo que los embarcaderos son “sumamente necesarios”, pues “hace mucho tiempo esas comunidades venían clamando porque sus mercancías, sus habitantes y visitantes tuvieran un punto de movilización tierra-mar, mar-tierra decente, seguro y permanente a lo largo del año”. Sin embargo, reclamó que “la ubicación de los embarcaderos y el tipo de estos no son los adecuados”.
Denunció que conoce “informes de daños importantes en el embarcadero de la isla Chira, que no ha dado las condiciones adecuadas de operación y resistencia de los oleajes, el viento y las mareas”.
“Estos embarcaderos ya construidos no cuentan con el mantenimiento local, la iluminación y el pago de agua locales ni la vigilancia. Es decir, quedan prácticamente a la libre desde las 6 de la tarde y hasta la mañana cuando empiezan a llegar los primeros usuarios y los primeros abordajes”, explicó.
Sobre la cuestión de la seguridad y vigilancia, Nicolás aseguró que “están totalmente a la libre, no tienen puntos de control de aduanas, no tienen vigilancia de la policía, están solamente para uso de cabotaje doméstico”, lo cual no evita que embarcaciones de cierto tamaño puedan cargar o descargar pasajeros, mercadería “o incluso productos ilegales en estos puntos de atracaderos”.
Añadió que el papel del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en la operación de los embarcaderos “a hoy” es “cero”. “Vuelven a ver para otro lado. Están más concentrados en las calles y comunidades de estos lugares”, cuando en su opinión se requiere de una caseta de vigilancia policial 24 horas al día, 7 días a la semana.
También se consultó a Ariel Robles, frenteamplista quien durante su gestión ha buscado que la construcción de atracaderos vecinales cuente con un visto bueno del MSP y que además lleve un registro y ejerza supervisión y control.
Robles juzgó como “completamente desproporcionado” el aumento en la construcción de este tipo de infraestructura en el actual gobierno. Ello “llama poderosamente la atención en el marco de lo que los atracaderos pueden simbolizar, por ejemplo, si son utilizados por el crimen organizado, al no existir la fiscalización idónea”.
Según dijo, tanto la Dirección de Aduanas como las municipalidades no tienen “el músculo para poder ubicarse en esos atracaderos y hacer una vigilancia idónea de lo que ahí se descargue”. Por ello, indicó que “no tengo duda de que va a ser realmente un desastre, si no existe la coordinación y no existe un aumento en los recursos”.
Sobre el riesgo que implica la falta de controles, se refirió al reciente megaoperativo llevado a cabo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en que se desarticuló el cartel del Caribe Sur. “Era evidente el uso de nuestras costas dentro de la logística de la narcoactividad, incluidas islas”; por ello “creemos que este tipo de infraestructuras, si no tienen ninguna fiscalización y se hace una apertura desmedida sin tener control sobre los mismos espacios, evidentemente van a ser una ventana para que el crimen organizado los utilice, y la narcoactividad y el trasiego de cocaína, que pasa hoy por muchísimos lugares de nuestro país, encuentren rutas de fácil acceso”.
“Portillo abierto”
Tania Molina Rojas, criminóloga y escritora, también coincidió en que los atracaderos constituyen una “gran necesidad comunitaria”, pero “el problema es la bajísima o casi nula supervisión de seguridad pública”, ya que la “Fuerza Pública no asume la seguridad de todos esos embarcaderos”. Por ello consideró que pueden ser una brecha “sensible” y hasta “obvia” de seguridad nacional. Observó que la falta de seguimiento en su criterio “facilita, obviamente” no solo eventualmente movimientos de droga, sino el contrabando de bienes como el combustible.
“En sitios de esta naturaleza puede llegar también dinero en efectivo, a propósito de la gran rotación de dólares que tenemos en Costa Rica”, apuntó la autora de Futuro secuestrado: análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica.
Molina Rojas, candidata a la vicepresidencia por el Partido Liberal Progresista (PLP), también señaló que “es un portillo abierto que las autoridades no han podido resolver y tampoco lo harán en estos meses: nos falta capital humano, nos falta tecnología e inteligencia policial adecuada a los tiempos que vivimos”, apuntó.
La especialista subrayó que los gobiernos locales “tienen policía todos y tampoco hacen un buen trabajo de seguimiento. Deberían articularse el MSP con los gobiernos locales y, por supuesto, Incop”.
Molina Rojas recordó que ya se han visto casos donde “el propio Estado facilita que las redes criminales puedan operar”. Con ello se refirió también al caso recién conocido del cartel del Caribe Sur, pues según trascendió el jefe de Combustibles de Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) en Limón, un sujeto de apellidos Ramos Loría orientó a integrantes de esa organización para acceder a combustible subsidiado.
La criminóloga recalcó que los gobiernos locales “inciden en la prevención del delito altamente”, por ejemplo, mediante otorgamiento de patentes, “un permiso puede generar que una red criminal se asiente en una zona en particular”.
Jonathan Flores Mata, abogado, criminólogo e integrante de la directiva de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), también ponderó que las comunidades de zonas costeras viven situaciones de “vulnerabilidad” y que, por ello, es positivo la construcción de infraestructura, “porque dinamiza la economía del lugar, pero, si no hay ningún tipo de control, se convierte en otra posibilidad para estas estructuras organizadas de legitimar capitales”. Con lo cual se reforzaría el hecho de que “Costa Rica es un punto de operaciones esencial, lamentablemente, para el crimen organizado y específicamente para el narcotráfico”.
Sin embargo, llamó la atención a que “a nivel mundial, la actividad madre, por así decirlo, es la trata de personas”, por lo que la construcción de un embarcadero en zonas vulnerables “podría incluso servir para que muevan a personas de un punto a otro sin ser detectadas, sin ser vistas”, al igual que la droga o “cualquier otro tipo de artículo ilegal, especies animales, todo este tipo de situaciones”.
“Acá es donde entra lo que durante muchos años hemos criticado: la falta de políticas de prevención y de una estrategia real. Porque emparejado a cualquier tipo de actividad que dinamice la economía, debe haber algún control del Estado no sólo en cuanto a movimiento de posibles artículos de mercancía, sino incluso hasta de personas”, recalcó.
Por ello, insistió en que “si no hay una política preventiva en que el Estado se involucre con seriedad en estos puntos (atracaderos), se van a convertir en una tierra de nadie”.
Karen Jiménez Morales, coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), ponderó el riesgo que puedan significar los atracaderos sin control desde el concepto de gobernanza criminal, es decir, cuando una organización delictiva asume tareas que corresponden a la institucionalidad, como seguridad ante delincuencia común, y con ello logran espacios en organizaciones comunitarias y demás, con el fin de participar en la toma de decisiones.
Así, explicó que “si no hay filtros idóneos para garantizar el manejo o la gestión” de recursos, como los atracaderos, las comunidades “son total y completamente vulnerables a que estas organizaciones comunitarias sean integradas por personas que sean parte de estructuras criminales, con la intencionalidad de que al participar, invertir o demás puedan tener algún tipo de de réditos”.
Seguridad se esconde
Por escrito se solicitó la perspectiva de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), ante los evidentes riesgos que una eventual proliferación de atracaderos sin control pueda significar.
El 19 de noviembre se envió por correo electrónico a la oficina de prensa del MSP la siguiente consulta: ¿Qué control y vigilancia se realiza en los embarcaderos ya puestos en operación y se podrá realizar en los otros 14 que están en construcción o proceso de licitación? ¿Qué tipo fiscalización se lleva a cabo sobre la operación cotidiana de esa infraestructura?
Media hora después se replicó desde esa dependencia “favor realizar su consulta con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes”. A pesar de que de inmediato se procedió a insistir con la consulta, al cierre de edición en el MSP reina el silencio.
Así, el MOPT mantiene en trámite una consulta sobre cómo va a ejercer control y vigilancia su División Marítimo Portuaria en esos embarcaderos.
La entrada Gobierno construye alto número de embarcaderos sin garantizar su control y vigilancia aparece primero en Semanario Universidad.