“Nosotros no somos guerrilleros, ni venimos a agredir a nadie. Somos personas que acabamos de cruzar la selva y ahora nos retienen aquí. Estamos agradecidos con la cucharada de comida que nos están dando, pero los niños siguen teniendo hambre y muchos de los que nos están atendiendo nos ven con malos ojos porque no nos hemos cepillado los dientes, porque quizá no aparentamos lo que realmente somos y tenemos un desgaste físico. Lo que queremos es que nos dejen continuar”.
“Ayer nos prometieron un orden, que todas las personas que estábamos en la zona de espera íbamos a salir, y llegó otro grupo que se fue primero que nosotros. El desespero de la gente se está saliendo de control, se está saliendo de las manos. Que nos ayuden con unos buses o nos dejen salir caminando, queremos llegar a nuestro destino, porque en la selva quedaron muchos que no lograron salir y no queremos que el desgaste nos gane”.
Carlos (nombre ficticio para guardar la confidencialidad) es un migrante venezolano que con la voz quebrada y lágrimas en su rostro relató a UNIVERSIDAD lo que había vivido durante cuatro días en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) en la zona sur del país, donde aseguró que los mantienen encerrados, con hambre y sin posibilidades de salir a buscar recursos y así pagar los tiquetes para trasladarse a la frontera norte.
Este Semanario realizó una cobertura especial en la zona sur del país entre el 11 y 13 de octubre de este año y, pese a que se nos negaron los permisos para ingresar al CATEM y ver de primera mano la situación que viven quienes se albergan allí temporalmente —aduciendo medidas de seguridad—, se pudo constatar a través de entrevistas con personas migrantes, conversaciones con fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato, comerciantes y pobladores que la crisis migratoria es una bomba de tiempo y puede explotar en cualquier momento.
Precisamente, el pasado 11 de octubre, un grupo de personas migrantes realizaron un conato de amotinamiento en el CATEM, reclamando condiciones dignas y que les permitieran salir del centro. Era evidente la preocupación de las autoridades que impedían el ingreso a cualquier persona que no estuviera previamente autorizada y el despliegue policial que había en el lugar.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) emitió un comunicado en ese momento asegurando que la Policía Profesional de Migración controló el incidente, ocasionado por los migrantes, en su mayoría venezolanos.
“Los migrantes manifiestan no querer estar en el CATEM; sin embargo, se les explica que no pueden permanecer en las calles, por lo que, por seguridad, se realizó su traslado”, señaló la DGME en el comunicado.
Era cuestión de tiempo
Tres personas distintas que realizan trabajos a lo interno del Centro de Atención comentaron de manera anónima que las instalaciones estaban saturadas de personas migrantes y sabían que “era cuestión de tiempo” para que estallara la desesperación de la gente.
Pese a ello, Marta Vindas, directora general de Migración, a través de la oficina de Prensa, aseguró que en el proceso de albergue había (al 16 de octubre) 220 personas y que el Centro cuenta con capacidad para 300 personas, quienes reciben atención médica, alimentación, espacio de aseo y descanso.
Sin embargo, no indicó el número de personas que se encontraba en la zona de tránsito del CATEM, es decir, quienes están esperando que sus familiares les envíen dinero para completar el monto del pasaje para irse a la frontera norte.
Dado que no fue posible ingresar a las instalaciones, el equipo de reporteo de UNIVERSIDAD se instaló en las afueras del CATEM, donde poco a poco se fueron acercando personas migrantes y, desde una malla que los separaba, fueron relatando lo que se vivía a lo interno.
“Aquí vivimos la misma situación que vive una persona presa, me dicen, ‘tú estás en mi país, no hubieses salido del tuyo’, llevo más de un mes metido en los refugios, me pasan de uno a otro, tengo tres meses de atraso en mi viaje y cuando traté de hacer ventas para juntar dinero y llevarme a mi familia me confiscaron todo. Aquí adentro (CATEM) lo primero que uno ve al despertarse son barrotes y este lugar es como un asador”, relató uno de los migrantes que prefirió no dar su nombre.
Las historias de quienes se iban acercando a la malla seguían coincidiendo, poca disponibilidad de agua potable, hacinamiento y la constante… el hambre, pues contaron que había una cantidad determinada de tiquetes para la comida, que no coincidía con el número de personas albergadas, incluso, como espectadores pudimos ver cómo una niña se desmayó y tuvieron que atenderla de emergencia.
“Acaso será que nos corre sangre distinta. Aquí adentro acabo de ver a una niña pidiéndole a su papá comida y él tuvo que decirle que no tiene cómo darle porque no tiene tiquete. Hemos pasado por una tragedia y lo que queremos es una mejor calidad de vida, no nos queremos quedar en su país”, dijo un migrante que se unió al grupo.
Otros afirmaron que las ayudas que están enviando los organismos internacionales no les están llegando, que les dan “una migaja de comida”, y que ese día solo les dieron arroz con una tajada de queso, pero no alcanzó para todos. “Esto que están haciendo acá es un atropello a los derechos humanos”, añadió una joven.
Según la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR), la región mesoamericana enfrenta un incremento significativo en el número de personas en situación de movilidad, y estima que, solamente durante el 2023, unas 400.000 personas han atravesado la selva del Darién y continuado su ruta hacia Estados Unidos.
Por su parte, datos oficiales de Costa Rica, en lo que va de setiembre han ingresado unos 60.000 migrantes desde Panamá por el puesto fronterizo de la comunidad de Paso Canoas. Para el año 2022, la cifra de migrantes que ingresaron a través de la frontera con Panamá fue de 226.000 personas, un aumento de casi un 80% respecto de 2021, según la ONU.
“La situación en la frontera sur del país es compleja debido a la escala del desplazamiento y las necesidades de atención y protección de las personas en movimiento mixto hacia el norte que incluye hombres, mujeres, personas menores de edad y adultos mayores, a esto debe sumarse el tamaño y capacidad de las comunidades fronterizas como Paso Canoas y Los Chiles. Esta situación no es exclusiva de Costa Rica, sino que se repite en cada una de las fronteras de la región”, comentó Natalia Díaz, asociada de comunicación del ACNUR Costa Rica.
Según Díaz, el personal de ACNUR coordina directamente con las autoridades nacionales para brindar asesoría y acompañamiento técnico a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), y participa de entrega de asistencia humanitaria a las personas más vulnerables que incluye productos de primera necesidad como ropa y productos de higiene, cuando estos están disponibles.
Nuevo protocolo es una olla de presión
El CATEM se ubica 11 kilómetros al norte de Paso Canoas y es un albergue con capacidad para atender a unos 300 migrantes, provisto de habitaciones con literas y colchones, donde tienen acceso a servicio médico, alimentación y espacio de aseo.
Precisamente, el pasado 9 de octubre se inició el nuevo protocolo de abordaje de los migrantes en tránsito desde la frontera sur, para que buses que vienen desde la zona de El Darién, en Panamá, lleguen directamente al CATEM y trasladen entre 2.000 y 3.000 migrantes por día hasta Los Chiles, en la frontera norte con Nicaragua.
Aunque las autoridades confirmaron que el pasaje tiene un costo de $40, muchas de las personas migrantes que estaban varadas en el centro aseguraron que en realidad la empresa les estaba cobrando $60 por persona, incluyendo niños mayores de tres años, y que la empresa que les ofrecía el servicio de traslado de dinero al interior del CATEM, les rebajaba un 35% de comisión.
Este nuevo protocolo es parte del Acuerdo Binacional Costa Rica-Panamá, que se dio luego de la visita de los presidentes Rodrigo Chaves, de Costa Rica, y Laurentino Cortizo, de Panamá, a El Darién, días atrás, la cual fue duramente cuestionada por medios internacionales, pues desde una rampa bajo techo, montada especialmente para ese día, los mandatarios -que tenían agua y galletas- observaban a las personas salir de la selva y continuar su camino hacia el objetivo final que es Estados Unidos.
Andrea Carrillo, vocera de la DGME, dijo a UNIVERSIDAD que en el CATEM permanecen aquellas personas migrantes de mayor vulnerabilidad y quienes esperan que les envíen dinero, y afirmó que “no es una cárcel, pero sí hay un control para que las personas no empiecen a deambular por las calles”.
Al consultarle qué va a pasar con quienes no tienen recursos para pagar el pasaje de bus hasta la frontera norte, ni familiares que les envíen dinero, aseguró: “Las autoridades están valorando esa situación de esas personas”.
En este sentido, el abogado especializado en derechos humanos Francisco Barahona, director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), coincidió en que esta situación es producto del acuerdo entre los presidentes Cortizo y Chaves, con la idea de facilitarle la vida a los migrantes y en el entendido de que el Gobierno nicaragüense acepta que pasen, pero la situación no es la misma para quienes tienen dinero, los que no tienen y pueden conseguir que sus familiares les hagan llegar por algún sistema de envío, y aquellos que del todo no tienen y requieren trabajar para conseguir.
“Si no los dejan salir del centro están violando su derecho elemental de garantizarse el dinero para movilizarse. Además, la Defensoría de los Habitantes debería estar presente para garantizar que no se den violaciones a los derechos humanos”, detalló el especialista.
Añadió Barahona que, aunque el acuerdo sea trasladarlos en buses de un punto a otro, y jurídicamente estén solo de paso, el Gobierno asume la responsabilidad de otorgarles facilidades mínimas de sobrevivencia como alimentación, cuidados médicos y en conjunto con los organismos internacionales y las ONG una atención más integral, “se debe respetar ese mínimo de trato a los migrantes”.
“Nos sentimos secuestrados”
“Yo vendí mi teléfono para poder comer y ahora no tengo cómo estar comunicado con mi familia, nos quedamos sin plata. Nos están atropellando los derechos humanos, no hay suficiente atención, no están obligados a darnos nada gratis, pero tampoco estamos obligados a estar encerrados en este albergue, nos sentimos secuestrados. El que no se murió en la selva, se va a morir tratando de irse”. (Yorman Alvarado, migrante venezolano)
“En la selva me estaban jalando para robarla”
“Pasar por la selva no fue nada fácil, fue horrible y no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios salimos vivos de ahí, hubo personas con los tobillos rotos, muertos, vimos un bebé recién nacido muerto en un canguro guindado en una mata. Compañeros que veíamos a cada rato en el camino y de repente estaban muertos. Hubo violaciones, robos. A mi bebé pequeña me la estaban jalando para robarla, hay muchos secuestros y asesinatos; a un señor que traía a su familia lo torturaron pidiéndole la plata y como no traía le dieron un tiro a su hijo de 7 años y al ver que de verdad no tenía dinero lo dejaron ir”. (Yornay Bolívar, migrante venezolana)
“Debieron establecer controles y reglas”
“Tenemos un año de estar en Paso Canoas, llegar hasta aquí fue un proceso muy fuerte, dormimos en las calles, nos corrieron de Panamá, vendimos café, trabajamos cada día y nos brindaron apoyo, a mis hijos los dejamos en Venezuela porque no podíamos hacerlos pasar por la selva. Debieron establecer controles y reglas, porque antes los tenían en un botadero de basura, no en un refugio como querían hacer parecer; niños durmiendo en la calle o pidiendo, un niño de dos años ya sabía qué tenía que decir, pero considero que fue un error la decisión de trasladar a todas las personas directamente al CATEM porque todo decayó, los negocios, la comida, el transporte”. (Migrante venezolana establecida en Costa Rica)
Comerciantes denuncian: “La frontera es tierra fantasma”
El estallido no se da solo en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) en la zona sur del país, sino también en las comunidades aledañas, pues los comerciantes aseguran que, al tomar la decisión de trasladar directamente a todos migrantes en buses, les quitaron los ingresos de quiénes sí podían pagar por servicios como hospedaje, comidas y enseres.
Esto los ha llevado a organizarse para tomar acciones, como el tortuguismo y cierre por lapsos de la frontera en Paso Canoas, para manifestarse contra el ingreso de los buses provenientes desde Panamá.
De acuerdo con una de las comerciantes de la zona, lo que quieren es que los migrantes se bajen en la frontera y que las personas que no tienen recursos sean llevadas al CATEM para que les brinden la atención y ayudas necesarias y que se permita a los otros consumir en los negocios y hospedarse.
“Muchas personas sí vienen con dinero, y habían dado un dinamismo a nuestra comunidad, que ha sido históricamente olvidada por todos los gobiernos, porque los costarricenses vienen a la frontera solamente en diciembre. Se cierra todo a medio día, no hay venta de nada, nosotros tenemos que pagar alquiler, patentes y empleados, ahora nos toca liquidarlos porque no hay entrada de dinero”, señaló.
Las acciones de presión de los comerciantes generaron un despliegue de policías, tanto costarricenses como de Panamá, que realizan coordinaciones en caso de que los cierres se extiendan más de 10 minutos.
“Migración ha emprendido una cacería, pasan por los hoteles o negocios de albergues para ver si tenemos personas migrantes hospedadas, y nos han dicho que si los encuentran nos pueden acusar de coyotaje y prohíben que se brinde empleo a cualquier persona migrante, nos cobran una multa”, indicó otro comerciante de la zona.
Los comerciantes aseguran que continuarán tomando medidas de presión porque toda la economía de la zona se ha visto afectada.
