La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció este miércoles ante la Contraloría General de la República (CGR) la supuesta pretensión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de modificar informes técnicos para el favorecimiento de varias cooperativas.
La denuncia de la ANEP, contenida en el oficio S.G.21-25-2760-24, se da luego de que el pasado 11 de mayo -tal y como lo informó UNIVERSIDAD- cuatro miembros de la Junta Directiva presentaran una moción para conformar un equipo intergerencial que analice y verifique los estudios de razonabilidad de costos realizados por el Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera, los cuales arrojaron precios excesivos en propuesta de cooperativas para asumir 10 áreas de salud en los próximos años.
CCSS: Consultarán a nuevo equipo técnico estudio que arrojó sobreprecios en propuesta de cooperativas para asumir 10 áreas de salud
En los últimos cuatro años, se ha realizado un gasto anual de ₡29.200 millones en la contratación de proveedores externos a la institución para administrar 10 áreas de salud. Este pago subiría a ₡50.282 millones anuales de contratarse nuevamente a las cooperativas, lo que representa un crecimiento de más del 60%
Se trata de las Áreas de Salud de Barva y San Pablo, en Heredia; Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José, las cuales ofrecen atención médica a 600 mil personas.
“Se ordene con sentido de urgencia una investigación sobre los resultados de esta compra que pretende contratar por 10 años, con elementos y debilidades expuestas en los precios, lo cual, eventualmente conllevaría a pagar ₡210 mil millones de más del bolsillo de los costarricenses. Debe vigilarse estos actos que podrían ser vistos como poco transparentes y con intenciones de favorecer a proveedores”, se lee en la petición de la ANEP firmada por su secretario general, Albino Vargas.
El Sindicato pidió también a la CGR investigar y fiscalizar el actuar del equipo técnico que se conforme para “validar” o “evaluar” a un ente técnico institucional, pues se podría estar ante un acto administrativo “que crea un equipo que validará las funciones de un órgano técnico oficial de la CCSS, sobrepasando posiblemente sus competencias y eventualmente podría su criterio estar ‘orientado y dirigido’ a presentar un escenario favorable que permita adjudicar con precios excesivos o bien atacar al ente técnico institucional para allanar posibles reclamos de los proveedores”.
La moción presentada por los directivos y representantes de la Uccaep, Jorge Luis Araya y Johnny Gómez; del Gobierno, Isabel Camareno (quien labora con el sector cooperativo); y de las cooperativas, José Luis Loría, fue aprobada por siete votos a favor y uno en contra en el seno del máximo órgano.
De acuerdo con Araya, el objetivo de esta moción es que “no estén en el equipo técnico las personas que han venido trabajando los temas en los cuales los antecedentes judiciales señalan a la CCSS como condenada y con consecuencias severas”.
Agregó también que “si queremos resultados diferentes, no podemos hacer las mismas cosas”.
Esto fue criticado por la directiva y representante de los sindicatos, Martha Rodríguez, quien respondió a Araya que con esta decisión “pasamos de aclarar dudas, a decir qué es lo que tiene qué ocurrir”. Asimismo externó que quitar un equipo técnico es un mal precedente.
Estudio reveló aumento excesivo
Técnicos del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera de la CCSS emitieron en el mes de abril un estudio de razonabilidad de precios que señaló un aumento excesivo del costo que pretenden cobrar las cooperativas interesadas en administrar 10 áreas de salud con respecto a los contratos actuales.
Según el estudio, en los últimos cuatro años, se ha realizado un gasto anual de ₡29.200 millones en la contratación de diez áreas de salud con proveedores externos a la institución.
Este pago subiría a ₡50.282 millones anuales de contratarse nuevamente a las cooperativas. Esto representa un crecimiento de más del 60% respecto al gasto real del 2023 en esas 10 áreas de salud.
Según los datos mostrados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), esta diferencia (₡21.082 millones) sería de ₡210.820 millones en 10 años, plazo que duraría el contrato. Esto podría financiar el 93% del nuevo Hospital de Limón, el cual ha sido anunciado con un costo de ₡225.000 millones.
Este aumento en el costo, según indicó la jefe del Área de Contabilidad de Costos de la Gerencia Financiera, Azyhadee Picado, en el oficio DFC-ACC-0489-2024, se daría “sin que se logre acreditar por parte de la Gerencia Médica una mayor complejidad, cantidad de servicios o mejoras significativas en la contratación actual y que sea medible a través del factor precio”.
