El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Albino Varas, y el secretario general adjunto Wálter Quesada difundieron la tarde de este lunes una carta dirigida al gobierno de Rodrigo Chaves, en la que piden el fin del congelamiento salarial que ha azotado a las personas trabajadoras del sector público durante cinco años.
“Solicitamos una variación radical en cuanto a la posición del actual Gobierno de la República, respecto de los congelamientos salariales impuestos al personal trabajador estatal, de reconocimientos por variaciones en el costo de vida”, plantean desde el primer párrafo.
El texto recuerda que esos congelamientos fueron establecidos mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635) y la Ley Marco de Empleo Público (No. 10.159), las cuales “son herencia de la Administración de Carlos Alvarado Quesada y que llevan sello PAC (Partido Acción Ciudadana), con el respaldo político activo del ala neoliberal del otrora partido socialdemócrata Liberación Nacional (PLN)”.
La carta detalla que la Ley 9635 “incorporó un paquete fiscal regresivo, poco innovador y limitativo de derechos laborales” contrarios a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de mayo de 2021.
“Poco tiempo después, como si fuera poco, la Administración Alvarado Quesada y su sello PAC-PLN (ala neoliberal), aprobó la Ley Marco de Empleo Público, número 10159, la cual empezó a regir en el mes de marzo de 2023, estableciendo regulaciones transitorias que remitían a la Ley 9635 y que constituyen la base del tema que nos ocupa”, apunta la misiva.
La ANEP así plantea que “nos ocupa y preocupa que ambos cuerpos normativos, conexos, simbióticos y patológicamente contrarios a los Derechos Humanos de carácter laboral, establecieron un congelamiento de los aumentos por costo de vida en los salarios de los empleados públicos y de las empleadas públicas”.
De seguido, se cita cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el período 2023, según las cuales de los 289 bienes y servicios que integran el índice de precios al consumidor, 43% aumentaron de precio, solamente 39% bajaron y 18% no presentaron variación.
“Solicitamos con vehemente respeto que el actual Gobierno de la República reconsidere variar esta posición sobre los congelamientos por costo de vida; posición que heredó pero que, lamentablemente, hizo suya”, se apunta.
El oficio de ANEP añade un análisis de su Unidad de Asesoría Jurídica, respecto a potenciales riesgos de litigio para el Estado costarricense a raíz de que se aplique esa legislación.
Entre otras cosas, se apuntó que artículos de Ley 9635 “impiden realizar aumentos por costo de vida en el salario base. Ni siquiera permiten el reconocimiento retroactivo de esta deuda (lo que en nuestro criterio constituye una limitación que tiene roces con la Constitución Política), cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60 %) del PIB, entre otras condiciones de orden legal que no tiene por qué soportar el trabajador público o la trabajadora pública en su salario”.
También destaca que la Procuraduría General de la República (PGR), al emitir criterio a raíz de una acción de inconstitucionalidad presentada por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud)
La PGR señaló que los Transitorios de la LMEP, al ordenar los congelamientos salariales a plazo indefinido o indeterminado, que impiden realizar incrementos salariales por costo de vida a los servidores públicos en general “son contrarios al Derecho de la Constitución: particularmente, al artículo 57 Constitucional, relativo al derecho al salario y a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por derivarse de su aplicación un perjuicio marcadamente superior en la situación jurídica de todos ellos frente al beneficio que se pretende lograr en interés de la colectividad”.
Ese artículo de la Constitución señala: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia. Todo lo relativo a fijación de salarios mínimos estará a cargo del organismo técnico que la ley determine”.
Así, se solicita a Rodrigo Chaves, a su ministra de Presidencia Natalia Díaz Quintana; al de Hacienda Nogui Acosta y al de Trabajo Andrés Romero, que “tomen las medidas necesarias para eliminar este congelamiento salarial antijurídico, evitando así una deuda futura del Estado con los trabajadores públicos y trabajadoras públicas y con cualquier ciudadano que tenga un interés legítimo en velar porque los fondos del Estado sean administrados responsablemente”.
De manera específica se solicitó que se convoque la Comisión Negociadora de la Política Salarial del Sector Público.
