La Federación Latinoamericana de Fiscales se pronunció el pasado viernes 27 de setiembre para indicar que las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre el caso Barrenador han afectado “a la división de poderes, la independencia judicial y la institucionalidad que son la base de un Estado de Derecho”.
En un comunicado público, la federación integrada por asociaciones de doce países, recordó que en varios países donde se ha imputado a integrantes de “cuadros superiores de organizaciones transnacionales delictivas o a personas con alta trascendencia social, política y económica” han habido intentos de atacar las investigaciones judiciales por la vía del hostigamiento mediático e institucional de Fiscales “con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de Justicia”, dijeron, por lo que es importante recordar que esa independencia es un derecho humano.
“La Democracia para su existencia exige del orden estatal el debido respeto a la separación de poderes, que permita el trabajo de los frenos y contrapesos. La independencia e imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República, que se debe plasmar en asegurar que aquellos puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes ejecutivo y legislativo o cualquier otro sector de poder”, reza el comunicado.
Justamente en ese contexto, indicaron los fiscales “es sumamente preocupante los ataques a la independencia del Poder Judicial por parte de la más alta autoridad del Poder Ejecutivo en el marco de la investigación emprendida por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de la República de Costa Rica, por el “caso Barrenador” en el que se encuentran imputados por corrupción en un contrato de servicios de la CCSS con varias cooperativas de salud, la presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y otros siete imputados”.
Chaves, dicen, no sólo opinó sobre la mencionada investigación sino que acusó que las medidas tomadas por el Ministerio Público pretendían “amedrentar e intimidar a su gobierno”, expresiones con las que provocó “afectación a la división de poderes, la independencia judicial y la institucionalidad que son la base de un Estado de Derecho”.
La federación recordó que más bien, de acuerdo con las directrices sobre la función de los fiscales emitidas por el Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, el Poder Ejecutivo es el encargado de asegurar la integridad física de los fiscales, su familia y colaboradores.
“Por ello, convocamos a la comunidad jurídica de la región a estar alerta sobre la reiteración de estas irregularidades, exhortando a una prudencia especial, en este caso, de los organismos competentes de la República de Costa Rica, de modo tal que eviten que sus conclusiones afecten a los procesos penales en marcha, y pongan en riesgo los principios republicanos, al admitir que presiones intolerables traten de afectar la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal”.
