Organizaciones ecologistas, indígenas y campesinas, la defensoría de los Habitantes y la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país solicitaron al Gobierno que no permita que quede impune el asesinato del líder indígena de Térraba Jehry Rivera.
Ayer jueves, el Tribunal de juicio de Pérez Zeledón absolvió a Juan Eduardo Varela Rojas por el delito de homicidio calificado de Rivera, porque argumentó que las declaraciones y pruebas no permitieron comprobar la tesis de la Fiscalía ni de la parte querellante y aplicó el principio universal in dubio pro reo (en caso de duda).
La lectura de la sentencia integral será el próximo jueves 26 de setiembre. Las fiscalías de Asuntos Indígenas y de Narcotráfico y Delitos Conexos anunciaron que, una vez que se tenga el documento integral, se valorará la presentación del respectivo recurso de apelación, según declaraciones dadas al medio El Observador.
El líder indígena del pueblo bröran de Térraba, Pablo Sibar, declaró ayer: “Seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siento racistas al dejar un asesino confeso libre, al no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras. Ya está totalmente claro que los territorios nos pertenecen, yo le pregunto a estos jueces: ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza? Los finqueros están claros que solo con la violencia pueden seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales usurpadores; pero con estas resoluciones solo los empoderan, ya que nos pueden matar y nada pasa”.
Medidas de protección preventivas
La oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el país, emitió un comunicado, en el que lamentó que después de más de cuatro años, los procesos judiciales desarrollados no hayan conducido a la sanción a los autores materiales e intelectuales, así como a la reparación de daños por este crimen, manteniéndolos bajo un marco de impunidad.
Naciones Unidas también pidió al país “tomar las acciones necesarias para no dejar este asesinato en la impunidad y evitar nuevos actos de violencia contra la integridad de los pueblos indígenas y sus territorios”.
El pronunciamiento se suma al emitido en enero pasado, cuando se dictó sobreseimiento definitivo y se absolvió a los implicados como posibles autores intelectuales de la muerte del líder indígena Sergio Rojas.
Además, el organismo abogó para que se sostengan “medidas protección preventivas para las familias, pueblos y territorios involucrados en estos procesos judiciales”.
Incumplimiento de medida cautelar
Por su parte, la Defensoría de los Habitantes clamó por “la justicia pronta y cumplida e hizo un llamado vehemente al Estado “a combatir la impunidad y evitar la escalada de violencia dentro de los territorios indígenas”.
La Defensoría denunció que durante los 12 años en que ha estado vigente la Medida Cautelar 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “han sido pocos o escasos los esfuerzos y gestiones efectuadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales tutela esta medida cautelar”, como ejemplifican los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, vecinos y representantes de los territorios indígenas beneficiarios de la medida cautelar.
Dicha medida cautelar se emitió el 30 de abril del 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Gobierno adoptar a las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas Teribe de Térraba y Bribri de Salitre.
Denuncian racismo
La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) también denunció que el “racismo de los jueces del Tribunal de Pérez Zeledón quedó retratado en la sentencia”.
“La sentencia de este tribunal local no esconde el apoyo a los ocupantes ilegales blancos, que han invadido los territorios indígenas; por lo tanto ejercen su trabajo como jueces bajo esquemas racistas y con prejuicios a los pueblos indígenas de Costa Rica, faltando a la justicia”, declaró la FECON.
La organización citó la resolución de la Sala Constitucional (21-017138-0007-CO), que en octubre de 2022 ratificó la nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad posterior a la Ley de 1977. “Todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación la citada ley, se considera que no han actuado de buena fe”, recordó la FECON, citando la resolución.
“Las comunidades indígenas sólo han defendido su derecho a lo que les pertenece, pues es ante las invasiones de ‘finqueros’ blancos, que los indígenas han tenido que recuperar sus propias tierras, acciones que han sido respaldadas incluso por la Sala Constitucional”, continuó la FECON.
Asimismo, la FECON recalcó que el asesinato de Rivera se dio “durante la llegada de una turba de más de 100 personas al territorio de Térraba, que llegaron con la intención de intimidar y violentar” a quienes se mantenían en ese momento sosteniendo la recuperación Cancha Rayada y que fueron expulsados violentamente por ese grupo de finqueros.
El asesinato de Rivera -agregó la FECON – se enmarca en un contexto de violencia e impunidad de muchos años, en contra de las personas recuperadoras de sus tierras, según lo indica el “III Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los pueblos originarios de la Zona Sur de Costa Rica”, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
La CLSS también denunció que “el Poder Judicial en pleno se ha prestado para reproducir el racismo sistémico costarricense, racismo que ya antes se ha hecho evidente en manifestaciones del Poder Ejecutivo”.
“Desde el Comité de solidaridad con los pueblos originarios Iriria Tsochok hacemos pública nuestra condena al Poder Judicial, denunciamos el racismo histórico que el Estado costarricense ha implementado de manera multidimensional para con los pueblos originarios y reafirmamos nuestra solidaridad con las recuperaciones de hecho, las cuales han demostrado ser el único medio real de justicia sobre el territorio, la cultura, la identidad y la dignidad de los pueblos originarios”, añadió la CLSS.
La organización también reafirmó su solidaridad con doña Digna Rivera -madre de Jehry – su familia y el pueblo bröran de Térraba, “a quienes admiramos por su incansable valor y dignidad”.
