Más de 34 organizaciones sociales, ambientales, académicas, feministas, indígenas y de derechos humanos se pronunciaron en contra de la violencia simbólica que promueve una manta plástica colocada en La Angostura, a la entrada del puerto de Puntarenas, declarando “non gratos” al biólogo Randall Arauz y al abogado Walter Brenes, reconocidos por su labor en la defensa de los tiburones y el cumplimiento de la ley.
En la manta plástica, que está amarrada a dos postes, aparecen las fotografías de ambos profesionales con los rostros tachados, y se les llama “persona non grata en el sector pesquero”. La foto de la manta empezó a circular en distintos perfiles de noticias locales de Puntarenas el 6 de noviembre.
Tanto Randall Arauz, biólogo y consultor en política de conservación marina, como Walter Brenes, abogado experto en derecho ambiental, han interpuesto demandas y han denunciado que en el país se sigue permitiendo la pesca incidental de especies de tiburones que están amenazadas o en peligro de extinción.
Inacción del Estado permite pesca de especies de tiburones amenazadas o en peligro de extinción
“La pesca se dirige contra especies de tiburones declaradas desde el año 2021 por el Sinac como fauna marina en peligro de extinción”, dijo el abogado Walter Brenes.
Precisamente tras una medida cautelar solicitada por Brenes el 18 de setiembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y al Estado prohibir la exportación de cinco especies de tiburón -cuatro de ellas en peligro de extinción – como una “medida cautelar provisionalísima”. Sin embargo, un mes después el Tribunal Contencioso levantó la medida cautelar provisionalísima que había dictado y rechazó la medida cautelar solicitada por el abogado.
Tribunal Contencioso levanta medida cautelar que prohibía exportación de cinco especies de tiburón
“Entiendo perfectamente las presiones, tanto políticas como personales y presuntamente más allá, a nivel de seguridad, que pudo haber recibido este juez; las mismas que yo he estado recibiendo a nivel personal”, dijo el abogado Walter Brenes.
Responsabilizan a quienes promueven “campaña de odio”
Las organizaciones que respaldan el pronunciamiento calificaron la manta como “un acto de evidente estigmatización y violencia simbólica” y afirmaron que “la utilización de mantas anónimas y amenazas públicas es una práctica característica de estructuras ilegales que buscan infundir miedo y silenciar la denuncia ciudadana”.
También responsabilizaron “a los sectores que han promovido esta campaña de odio” por cualquier agresión o daño que puedan sufrir las personas mencionadas, así como por las consecuencias derivadas de estos actos.
“Rechazamos rotundamente la estigmatización, las amenazas y los actos de odio contra quienes defienden los bienes comunes y la legalidad ambiental”, declararon.
Asimismo, las organizaciones y personas firmantes reconocieron “que no todo el sector pesquero comparte estas acciones violentas”.
“Históricamente, hemos mantenido relaciones de respeto y colaboración con sectores pesqueros artesanales y deportivos, e incluso con parte del sector industrial. A ellos les hacemos un llamado a pronunciarse públicamente en contra de estos actos de odio, para no quedar asociados a un pequeño grupo que promueve la intolerancia”, escribieron.
Además, recordaron que la Sala Constitucional ya reprendió a la Municipalidad de Talamanca por declarar personas “non gratas” a ambientalistas, dejando claro que esta práctica es inconstitucional y contraria a los derechos fundamentales.
Resaltan obligación del Estado de brindar protección
Según destacaron las organizaciones, en los últimos años se ha intensificado la violencia contra personas defensoras ambientales, “alimentada por discursos de odio e intolerancia, así como por el descrédito del Acuerdo de Escazú, promovido por cámaras empresariales, sectores políticos y el actual gobierno, que han contribuido a normalizar la persecución del disenso”.
Destacaron la situación de creciente inseguridad y violencia que vive actualmente el país, “marcada por disputas entre grupos delictivos y un ambiente general de impunidad”.
“En el pasado se ha denunciado el vínculo del narcotráfico con sectores del palangre industrial, tanto en la Isla del Coco como en otras regiones del país”, recordaron.
Los grupos resaltaron que en zonas como Talamanca, activistas y organizaciones que defienden la naturaleza han recibido amenazas de muerte, mientras en redes locales se difunde un discurso que califica cualquier forma de defensa ambiental como “ecoterrorismo”.
Seis defensores ambientales y cuatro grupos indígenas enfrentan amenazas de muerte y violencia por sus denuncias
“Recibo una llamada: ‘Mae, ilustre, te vamos a quebrar; ni te arrimés ahí’. No crean, no es fácil, a veces da miedo; pero no se tiene uno que arrugar”, dijo Ricardo Muñoz Ruiz.
Como ha reportado UNIVERSIDAD, al menos seis defensores ambientales y cuatro grupos indígenas han enfrentado amenazas de muerte y violencia en años recientes por sus denuncias.
En agosto de 2024, la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), que participaba en ese momento activamente en defensa del Refugio de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo, denunció que recibieron una llamada en la que amenazaron de muerte a dos de sus integrantes.
Asociación conservacionista de Talamanca denuncia amenazas de muerte contra sus integrantes
El colectivo ecologista Bloque Verde declaró como lamentable que se den estas amenazas en momentos en que las organizaciones caribeñas están pidiendo una moratoria en el otorgamiento de permisos de tala.
Por todo lo anterior, las organizaciones hicieron un llamado de atención al Estado recordándole la obligación que tiene de proteger la integridad de las personas ambientalistas y defensoras de derechos humanos, ya que su labor las expone con frecuencia a riesgos elevados de sufrir violencia.
“Esto implica tomar medidas activas para prevenir y sancionar la violencia y las amenazas, investigar a fondo cualquier agresión en su contra y garantizar sus derechos a la libertad de expresión”, enfatizaron.
