La Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud) solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa no reelegir al magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, señalando un «deficiente liderazgo interno», una «ruptura organizacional» con el personal y una «ausencia de diálogo» en momentos de crisis institucional.
La dura posición del principal sindicato del Poder Judicial, que representa a sus empleados, fue comunicada a los diputados este lunes 10 de noviembre, mismo día en que el Plenario Legislativo votó la continuidad del magistrado.
En el oficio ANEJUD-196-2025, firmado por su presidente, Mario Alberto Mena Ayales, la Asociación argumenta que la reelección de magistrados «implica una responsabilidad ética y republicana ante la ciudadanía» y no debe ser un «mero trámite formal».
Para la Anejud, el magistrado Castillo, quien preside la Sala Constitucional, ha fallado en mantener la confianza de las bases judiciales.
«Durante su gestión», indica el documento, «las posiciones adoptadas frente a temas de gran sensibilidad institucional como la Ley de Empleo Público, la Ley de Pensiones y la gestión del bienestar del funcionariado judicial han generado un profundo distanciamiento entre las bases judiciales y la Sala Constitucional».
El sindicato advierte que esta situación «ha provocado la pérdida de capital humano, desmotivación y renuncias que repercuten en la eficacia del servicio público de justicia».
La Anejud también calificó la «ausencia reiterada» del magistrado Castillo a los procesos de entrevista y rendición de cuentas ante el Congreso como «una omisión incompatible con los valores republicanos de transparencia y responsabilidad pública».
Además de la falta de transparencia y el «deficiente liderazgo», la asociación denunció una «ausencia de diálogo y gestión proactiva» por parte del alto juez.
«En momentos de crisis institucional, se esperaba de las más altas jerarquías judiciales un liderazgo conciliador, orientado al diálogo», señala el comunicado. «Lejos de ello, las posturas adoptadas han sido percibidas como insensibles ante el desgaste del personal judicial y desconectadas de la realidad organizacional».
Finalmente, el sindicato mencionó «cuestionamientos sobre decisiones ideológicas y discrecionalidad interpretativa», indicando que ciertas decisiones y manifestaciones públicas del magistrado «han sido objeto de preocupación» al percibirse «un manejo ideológico que erosiona la confianza en la independencia de criterio».
Anejud concluyó su solicitud afirmando que la no reelección sería «un mensaje claro de que la Asamblea no tolera el distanciamiento, la opacidad ni la falta de rendición de cuentas» en la más alta magistratura.
Pese a la contundente solicitud del sindicato y a una votación dividida, el magistrado Fernando Castillo Víquez fue reelecto el lunes para un tercer periodo de ocho años.
La reelección se concretó al no alcanzarse los 38 votos negativos (dos tercios del Congreso) que exige el artículo 158 de la Constitución Política para bloquear la continuidad de un magistrado.
En la sesión extraordinaria del plenario, 24 legisladores votaron a favor de que Castillo siga en el cargo, mientras que 20 se opusieron.
El magistrado, quien se unió a la Sala en 2009 y fue reelecto en 2017, ajustará así 24 años como alto juez constitucional al finalizar este nuevo periodo en 2033.
La oposición a Castillo en el Plenario estuvo alimentada, en línea con lo denunciado por Anejud, por su ausencia a la audiencia programada en la Comisión de Nombramientos del Congreso el pasado 22 de octubre.
El magistrado se excusó por una incapacidad médica tras una intervención quirúrgica el 21 de octubre. Aunque solicitó una reprogramación, la comisión trasladó el expediente al Plenario sin realizar la entrevista, dado que el plazo constitucional para la votación vencía el domingo 16 de noviembre.
La jefa de fracción del partido oficialista, Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, explicó que su bancada votó en contra por la imposibilidad de realizar una entrevista en profundidad impidió conocer sus planes a futuro, como las estrategias que implementará para reducir la mora judicial y recuperar la confianza en el Poder Judicial.
Cisneros recriminó que esta sería la segunda vez que Castillo es reelecto sin un proceso formal completo.
Este punto fue reforzado por la jefa de fracción del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, quien cuestionó que en 2017 el magistrado también fue reelecto automáticamente porque la sesión para votar su continuidad se canceló debido al fallecimiento del entonces diputado Juan Marín. «El Frente Amplio no dará su voto porque es un poco darlo a ciegas», dijo Alfaro.
En la misma línea, el diputado del FA, Ariel Robles Barrantes, lamentó que la ausencia en la audiencia se vuelva «una práctica común» para la elección de magistraturas.
Desde la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), la diputada Daniela Rojas Salas calificó la reelección resulta como una irresponsabilidad y una falta de respeto al país, cuestionando que en las actas no aparecerán las razones que justificaron darle un nuevo periodo, al no existir la entrevista.
El diputado independiente, Gilbert Jiménez, también se sumó a los cuestionamientos contra la reelección sin audiencia.
En defensa del magistrado Castillo, la diputada independiente Gloria Navas aseguró que el juez tiene una formación sobresaliente y preparación extraordinaria. Navas justificó que por cuestiones de tiempo no se pudo reprogramar la audiencia y calificó las críticas como una persecución: «Es muy delicado que esta Asamblea se ponga ahora a perseguir magistrados de la Sala Constitucional».
UNIVERSIDAD intentó conocer más detalles sobre el pronunciamiento con el presidente de la Anejud, Mario Mena Ayales, pero se nos indicó que se encuentra fuera del país.
