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Expresidentes de Costa Rica piden a comunidad internacional evitar “visiones tendenciosas” sobre momento político del país

Los ocho exgobernantes reaccionan ante manifestaciones del congresista estadounidense Mario Díaz-Balart que coinciden con la versión del gobierno de Rodrigo Chaves. Embajadora Catalina Crespo tenía para este viernes reunión con él en Washington.

Ocho expresidentes de Costa Rica publicaron este viernes un comunicado dirigido a la comunidad internacional en la cual piden evitar las “visiones tendenciosas” sobre la situación política costarricenses, a raíz de manifestaciones del congresista estadounidense Mario Díaz-Balart coincidentes con la visión del gobierno de Rodrigo Chaves de colocarse como víctima de las instituciones.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no precipitarse emitiendo juicios a partir de versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales”, dice el texto firmado por la exmandataria Laura Chinchilla y los siete exgobernantes, incluido Abel Pacheco, que ha estado retirado de la vida pública.

“Si bien nosotros mismos hemos expresado preocupación por nuestra democracia ante los ataques sin precedentes contra las instituciones republicanas por parte de las autoridades de la actual gobierno, las razones que preocupan a quien se ha manifestado del exterior, no son las correctas”, advirtieron los expresidentes un día después de que Díaz-Balart, hombre cercano al presidente Donald Trump, pidió una reunión con la embajadora tica, Catalina Crespo.

El congresista republicano por Florida, sin embargo, expresó sus preocupaciones sobre la base de los argumentos que ha dado Chaves en relación con la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de levantar el fuero al mandatario para investigar denuncias contra él por beligerancia política en estos momentos de campaña electoral.

Chaves ha reiterado que ese proceso parte de la persecución en su contra por parte de todo el sistema institucional no controlado por el Ejecutivo, un abuso constitucional y un afán de sacarlo del cargo que debe dejar el 8 de mayo o inhabilitarlo para ejercer otros puestos en años próximos. Todo esto es, según sus palabras, una amenaza a la democracia que le permitió a él ser elegido en el 2022 e iniciar “el despertar del pueblo” después de una “tiranía de 70 años”, según él.

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La embajadora Catalina Crespo, nombrada a dedo por Chaves en 2022, dijo el jueves al canal oficialista Trivisión que hay en Washington preocupaciones por el intento de “derrocamiento” de Chaves y que acudirá al Congreso para hablar de ello, aunque el encuentro de hoy se trata de una reunión con el congresista y no una invitación institucional, según lo que se conoce hasta ahora.

“Remover a un presidente a pocos meses de las elecciones nacionales mediante mecanismos ambiguos pone en riesgo la legitimidad democrática y envía una señal alarmante”, escribió Díaz-Balart el jueves poco después de que la reunión con Crespo había sido reportada en Costa Rica y un día después de que el propio Chaves había anunciado acciones internacionales.

Ante ello, el TSE reaccionó diciendo que esa actividad no tiene incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el posible levantamiento de la inmunidad a Chaves. También se pronunció el Poder Judicial diciendo que “es falso que existan acciones de ‘instrumentalización’ del Poder Judicial con fines de persecución política contra el señor Presidente de la República”.

Y este viernes lo hicieron los expresidentes Chinchilla, Pacheco, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado: “si bien nosotros mismos hemos expresado preocupación por nuestra democracia ante los ataques sin precedentes contra las instituciones republicanas por parte de las autoridades de la actual gobierno, las razones que preocupan a quien se ha manifestado del exterior, no son las correctas“.

Explicaron que, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en otros países, “la Constitución política de Costa Rica establece el deber de imparcialidad absoluta de las autoridades de gobierno  ante el proceso electoral”.

“Esta limitación del margen de participación política a quienes ejercen el poder al punto que ni siquiera se nos permite ostentar pertenencia a un partido político, es a la vez una garantía de libertad electoral de los ciudadanos. Nos ha sido aplicado a todos los que hemos gobernado este país, sin excepción”, añadieron en el comunicado hecho público.

Los exmandatarios rematan diciendo que “la solidez, independencia y profesionalismo de las instituciones electorales costarricenses, han sido reconocidas a nivel internacional, de lo cual dan crédito los informes de las misiones de observación electoral, que el país ha recibido de manera ininterrumpida desde 1962”.

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