Esta mañana representantes de ocho organizaciones gremiales del Poder Judicial presentaron ante la Corte Plena un pliego de peticiones con el objetivo de “enfrentar la crisis de salud mental que atraviesa el funcionariado judicial”.
La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud), la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalistica (ANIC), la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial de Costa Rica (Anprojud), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud), el Sindicato de la Defensa Pública (Sindepu), el Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial (Asprotecofi), el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), son las instancias que presentaron la iniciativa, que además reunió las firmas de 690 personas trabajadoras.
Recién en octubre la Corte Plena conoció un Proyecto Institucional de Salud Mental impulsado por la Anejud, que fue remitido para trámite ante el Consejo Superior.
El tema de la salud mental del personal del Poder Judicial no es una preocupación nueva, pero recobró relevancia luego de que a finales de setiembre un juez penal tomara su propia vida.
De acuerdo con un comunicado enviado desde la Anejud, el “eje central” del documento entregado esta mañana es un proyecto de “Ley para la Prevención y Mitigación del Síndrome de Burnout en la Función Judicial y Pública de Costa Rica”, como respuesta a “una problemática creciente que ha derivado en incapacidades, renuncias, afectaciones psicosociales severas e incluso fallecimientos relacionados con el desgaste extremo”.
Entre otras cosas, esa propuesta busca que se reconozca el “burnout judicial” como un riesgo laboral calificado; facultar a las instituciones para romper límites fiscales cuando el 40% del personal presente afectaciones clínicamente verificadas, o crear un Fondo Solidario Nacional de Bienestar Psicosocial.
También se plantea establecer “licencias recuperativas, políticas de desconexión digital e incentivos vinculados al rendimiento y descongestión”, o la iniciativa de autorizar “préstamos institucionales en condiciones preferenciales para atender las presiones económicas que impactan la salud mental”.
Mario Mena Ayales, presidente de Anejud, detalló que lo que se busca es “ofrecer herramientas reales, sostenibles y medibles” ante una situación que ya compromete la calidad del servicio judicial.
Ricardo Izaguirre y Fabricio González Herra, también de Anejud, señalaron que la intención del pliego entregado hoy es “dar continuidad al proceso ya iniciado, ampliarlo con bases normativas concretas y presentar a las magistradas y magistrados opciones viables, jurídicas y presupuestarias para enfrentar la urgencia”.
Por otra parte, desde el Sitrajud se detalló con datos oficiales que en el primer semestre de 2022 se incapacitaron 8.290 personas, el 63% de la población judicial, “y la principal causa fueron trastornos mentales”.
“Este agotamiento crónico amenaza la calidad de la justicia y la estabilidad democrática”, se añade.
Además, denuncia que esa situación se ha agravado a causa de situaciones como el congelamiento salarial o “los cuestionamientos al trabajo judicial mediante noticias falsas e inexactas y el impacto emocional del reciente fallecimiento del juez Sergio Quesada”.
“Este proyecto no nace de la improvisación, sino del análisis, diálogo y trabajo técnico. Lo hacemos por la salud de quienes sostienen todos los días el Poder Judicial, por las personas funcionarias y por el país. El recurso humano es el verdadero pilar del Poder Judicial. Si queremos una justicia pronta, cumplida y humana, debemos cuidar a quienes la hacen posible”, se apunta en declaraciones atribuidas a “las vocerías de los funcionarios”.
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