El Colegio de Periodistas de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (Colper) se sumó en la tarde de este lunes en apoyo a dos recursos de amparo presentados ante la Sala Constitucional contra la Presidencia de la República y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) por la subasta de frecuencias de radio y televisión que vulnera la libertad de expresión y los empleos del sector, de acuerdo con la organización gremial.
Basado en criterios de la corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Colper presentó las coadyuvancias sobre recursos de amparo presentados en septiembre por un Giovanni Alexánder Delgado Castro y en este mes por Boris Molina Acevedo, este último candidato presidencial, en contra el proceso que ya ha provocado que decenas de emisoras anuncien el inminente cierre de la transmisión en abierto por los altos requisitos establecidos en la licitación.
Colper se suma así a grupos empresariales, sindicatos, partidos políticos, universidades y a la Iglesia Católica, entidades que han manifestado su oposición al concurso que ordenó en 2024 el presidente Chaves bajo el criterio de una supuesta “democratización” del espectro radioeléctrico y de la necesidad de acabar con los bajos montos que por décadas han permitido a los adjudicatarios operar y lucrar.
“La subasta de frecuencias, tal como se ha concebido, no fortalece este ecosistema; lo vulnera seriamente. Al imponer requisitos de participación que únicamente pueden cumplir los grandes operadores, el proceso amenaza con expulsar del espectro a medios regionales y alternativos, que se verán obligados a cerrar o, en el mejor de los casos, a migrar solo a plataformas digitales que, en amplias zonas rurales del país, no ofrecen la misma accesibilidad universal que la radiodifusión abierta”, argumentó el Colper.
“Esta dinámica tiene un correlato directo sobre el empleo: el cierre o desplazamiento de estos medios implicará el despido de periodistas, comunicadores y personal técnico”, añade el escrito firmado por la presidenta, Yanancy Noguera, en coincidencia con advertencias que ya han hecho los empresarios del sector al confirmar que la gran mayoría de emisoras actuales no pudieron alcanzar los altos precios base de la subasta ni los altos montos de inversión para cumplir con otros requisitos.
Según información preliminar, en televisión sólo hay tres ofertas, entre las cuales están el grupo de propiedad de extranjeros Repretel y también Televisora de Costa Rica, la empresa y plataforma informativa señalada por el presidente Rodrigo Chaves como adversaria de su gobierno, además de ser una de las compañías que más ganancias obtiene a pesar de pagar sumas ínfimas por el aprovechamiento de las frecuencias, que son bienes públicos.
Por eso el Colper pide a la Sala Constitucional frenar la subasta u ordenar la modificación de los requisitos, pues “introduce requisitos económicos, técnicos y administrativos cuya envergadura sólo pueden afrontar grandes operadores, quedando en desventaja manifiesta los medios regionales y alternativos”.
“Lejos de configurarse como un mecanismo para fortalecer el ecosistema mediático costarricense, este modelo, en la práctica, lo debilita, al trasladar la asignación de un bien público escaso —el espectro radioeléctrico— a una lógica predominantemente mercantil, donde el factor determinante es la capacidad de pago y no la función social de los medios ni la necesidad de preservar la diversidad de voces”, añade la organización gremial.
El alegato del Colper menciona señalamientos que ha hecho la Corte Interamericana, que en casos anteriores de otros países ha indicado que “no basta con procedimientos de subasta basados en la libre competencia” y que los Estados deben garantizar el acceso a las frecuencias en condiciones de igualdad.
La Sala Constitucional informó el lunes de que admitió para estudio el recurso de amparo de Delgado Castro, quien aduce que la subasta tal como está planteada golpea el “pluralismo informativo, la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la igualdad, la transparencia y la continuidad del servicio, especialmente en zonas rurales o de menor rentabilidad comercial”
Por ello la Sala Constitucional dio a Sutel y a la Presidencia de la República tres días hábiles para rendir un informe. Eso podría ocurrir esta misma semana, además de las declaraciones anunciadas por el presidente Chaves para este miércoles en su “conferencia de prensa” semanal, aunque ya adelantó que según él hay “desinformación” sobre el tema y que, sin embargo, buscar soluciones únicamente para emisoras cristianas.
