La posibilidad de que el país cuente con 176 plazas más en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 99 en el Ministerio Público para atacar la ola de delincuencia e inseguridad peligra ante el empecinamiento del Ministerio de Hacienda de no girar ₡8.688 millones, ya incorporados al Presupuesto ordinario de 2026 por los diputados.
Este lunes desde el Poder Judicial se insistió con el tema, pues mediante un comunicado se detalló que el pasado 19 de enero el jerarca de Hacienda, Rudolf Lücke, manifestó por escrito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, “que los recursos no serían incorporados a la programación financiera del primer trimestre de 2026, al provenir de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública”.
Desde el día 13 de enero Aguirre se había dirigido por escrito a Lücke y le advirtió que su negativa representa “un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, en su esfuerzo para combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones que tanto impactan en la vida de la ciudadanía”.
Ya se ha explicado que la negativa del gobierno de Rodrigo Chaves agrava el problema de que en el Ministerio Público “la insuficiencia de talento humano limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales establecidos en la legislación penal, lo que incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado”.
En lo que respecta al OIJ, ya su actual director en ejercicio, Michel Soto Rojas, ha explicado que las 176 plazas aprobadas buscan poner en operación y fortalecer sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como al refuerzo de las labores de custodia de personas detenidas en todo el país.
Ante la insistente negativa del gobierno de Rodrigo Chaves, la Corte Plena enfatizó la “urgencia” de que se giren los recursos en la sesión de este lunesy acordó volver a plantear el tema ante el Ministerio de Hacienda. La Corte subrayó que el Poder Judicial ha implementado “acciones concretas para agilizar procesos penales, reducir el rezago judicial y combatir la delincuencia, como lo evidencian los operativos diarios del OIJ y la labor del Ministerio Público en causas complejas y de alto interés público”.
Por ello, reiteró que “la seguridad de las y los costarricenses no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa».
«Combatir la inseguridad requiere coherencia institucional y el respeto a las decisiones adoptadas por los Poderes del Estado”, destacaron los magistrados.
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