
El Poder Ejecutivo envió la primer convocatoria de proyectos para el segundo período de sesiones extraordinarias, que inician este lunes, con una lista de 112 expedientes, en los que figuran la agenda de reformas de seguridad remitida por la presidenta Laura Fernández, el proyecto de eurobonos y reformas para revivir la iniciativa Jaguar y reducir la fiscalización de la Contraloría.
En la lista aparecen los proyectos presupuestarios, el 25.803, segundo presupuesto extraordinario del 2026, y el y el 25.724, el presupuesto ordinario del 2027, que por disposición constitucional deben empezar a discutirse en el Plenario a partir del inicio de este período de sesiones extraordinarias. Además, viene otro proyecto financiero de alto voltaje, el 25.363, la autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional (eurobonos), por 13.500 millones, que el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, resaltó como una de las prioridades en las últimas sesiones ordinarias del Plenario.
Adicionalmente, se convocan los expedientes prioritarios (24.920, las jornadas laborales de doce horas, y el 24.461, reformas a la ley de radio -reforma al espectro-) que están en consulta ante la Sala IV. Y por supuesto, el 24.717, la ley para regular la explotación minera a cielo abierto en Cutris (Crucitas).
De esta manera, aunque durante el primer mes la discusión queda atada a los debates de presupuesto por disposición constitucional, desde el inicio de este período, en el que la agenda del Parlamento es fijada por el Poder Ejecutivo, se dejan claras las prioridades.
En ese sentido, se convocaron los proyectos que la Presidenta anunció en su agenda contra la criminalidad, con el primer paquete, del 25.614 al 25.5619: la ley integral de protección a la víctima y al servidor policial, la ley para combatir las asociaciones criminales, la ley de mano firme ante la reincidencia criminal, la ley de cero ocio en las cárceles, la ley para sancionar las pistas de aterrizaje clandestinas, y la ley para la seguridad registral.
Y también se incluyeron los expedientes del segundo paquete de seguridad, del 25.672 al 25.676: la reforma al Código Procesal Penal para sustituir la audiencia preliminar por una audiencia previa, adición de un artículo a ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal, ley para penalizar la actividad minera ilegal, uso de monitoreo electrónico en personas sujetas al apremio corporal, y modificación de la nomenclatura de los grados policiales.
También queda clara la intención de reiniciar el asedio contra la fiscalización contralora: viene el proyecto 25.722, el proyecto jaguar 3.0, la tercer versión de la iniciativa para limitar las funciones de la Contraloría General de la República, presentado como reformas a la ley de la Contraloría y de control interno, para aclarar las normas competenciales del ente contralor.
Pero también se incluyó el expediente 25.692, una reforma constitucional al artículo 184 para “transitar hacia un modelo de fiscalización ex post”, así como el proyecto 25.733, reforma para precisar la contratación entre entes de derecho público, que diputados del PPSO presentaron menos de un mes después que la Contraloría emitiera informes en los que ordenó detener el uso de alianzas con empresas privadas, en contrataciones directas con otras entidades del Estado, porque se utilizaron para eludir licitaciones públicas.
También se incluye la agenda ideológica, desde la agenda cristiana que se hace sentir dentro del PPSO, con el proyecto 25.803, la reforma constitucional para declarar inviolable la vida desde la concepción hasta la muerte, hasta los proyectos el 25.867, la reforma constitucional para habilitar la reelección presidencial continua., y el 25.387, la reforma constitucional para regular la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En todo caso, debe recordarse que el Poder Ejecutivo dispone de mucha flexibilidad para el manejo de la agenda: simplemente requiere de un decreto para convocar o desconvocar proyectos, según el movimiento que haya en Plenario y en las comisiones legislativas.
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