Los problemas para los importadores de autos usados parecen no acabar. Ahora los altos impuestos que pagan los están llevando a la quiebra, por eso amenazan con hacer una manifestación e incluso bloqueos en varios puntos del país si el Poder Ejecutivo no le da una solución al problema.
“Damos ocho días al gobierno para que nos dé una voz de aliento, si no tomaremos las calles. Buscamos que los impuestos sean justos, que los autos usados paguen como tales y de igual forma los nuevos”, manifestó Cristian Salas, de la Comisión de Ventas de Vehículos Usados de Grecia.
Algunos locales han tenido que poner candado y resignarse a buscar otros negocios en los cuales desempeñarse. De acuerdo con datos suministrados por José Carballo, presidente de la Cámara Automotriz, en los últimos 10 meses las pérdidas ascienden a ¢47 mil millones.
La situación que atraviesan llevó al gremio a buscar ayuda en la Asamblea Legislativa, donde encontraron el apoyo de varios diputados, especialmente el de la libertaria Mireya Zamora.
“Logramos que los diputados nos escuchen, esta es una causa justa. Pedimos al gobierno que nos deje trabajar, que nos permita seguir operando, generando empleo y bienestar social porque de este actividad dependen miles de familias que se están viendo afectadas. Creemos que debería revisarse el tema de la carga tributaria”, comentó Errol Azofeifa, importador de autos usados.
SE SIENTEN PERSEGUIDOS
Para los importadores esto es un persecución, al menos así lo sienten porque desde julio de 2012 les han puesto trabas que vienen a complicar su labor en el mercado.
“El sector podría llegar a desaparecer si se sigue con esta persecución, en menos de un año han lanzado fuertes ataques que lo que buscan es darle una estocada final. Estamos a punto de cerrar porque es un negocio en el que brilla la incertidumbre y las reglas del juego a cada rato cambian”, declaró Carballo.
El gremio dice que los autos nuevos que ingresan al país están teniendo privilegios, lo cual consideran una discriminación.
“Se está haciendo un mal uso de autoridad con fines muy extraños. La carga tributaria que se está imponiendo es desde todo punto de vista desproporcional e injusta, este ambiente en nada beneficia a Costa Rica.
Hay miles de costarricenses que subsisten gracias a esta actividad, por eso creemos que se debe poner fin a esto que está llevando a los importadores a la quiebra”, expresó Zamora.
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