Considerar que el proyecto es perjudicial para los intereses del Estado costarricense y sus contribuyentes, y que las acciones asumidas serían ilegales por el grave perjuicio económico al que se expondría al país ante posibles demandas multimillonarias por incumplimiento de compromisos, figuran como algunas de las razones por las que dos exdiputados y un politólogo interpusieron un recurso de amparo en la Sala Cuarta contra la ampliación y construcción de la refinería de Moín, en el que solicitan que el proyecto sea declarado ilegal e inconstitucional.
Se trata de los exlegisladores Federico Malavassi, de Movimiento Libertario, y Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y el politólogo Gabriel Bonilla, quienes interpusieron la acción contra la Presidenta de la República, los ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente, la junta directiva y el gerente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el regulador general de los servicios públicos.
En la petición los recurrentes, entre otros, solicitan que se entregue la documentación relacionada con la refinería y la empresa conjunta Soresco. Piden además que de manera preventiva no se suscriban compromisos, acuerdos, contratos ni la contratación relacionada al proyecto.
“Se declare ilegal e inconstitucional el proyecto de la denominada refinería china y todos los contratos, acuerdos y contrataciones relacionadas con esta y la sociedad anónima Soresco, y que de considerar esta Sala que lo actuado por ellos resulta no solo inconstitucional, sino por lo demás ilegal -como inequívocamente lo es-, se establezcan las responsabilidades del caso y se eleve a conocimiento del Ministerio Público para lo que proceda”, detalla el documento presentado.
Entre los argumentos esgrimidos por los accionantes se desprende que “siendo tanto Recope como CNCPI y la sociedad conjunta Soresco son, todas ellas, sociedades anónimas y regidas por lo tanto por el derecho comercial privado, el capital accionario de Recope se vería indirecta e ilegalmente comprometido a embargos y remates en caso de que sus negocios, la construcción, la operación, la comercialización y cualquier otro imprevisto o catástrofe afectase a Soresco.
(…) toda esta operación resulta ilegal e inconstitucional, ya que la refinación de petróleo -en carácter monopólico- pasaría a manos de un tercero: Soresco, violentando así no solo la Ley No.7356 (en todos y cada uno de sus artículos)”, se añade en la argumentación.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 19 Junio, 2013
HORA: 12:00 AM
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