Los policías y los privados de libertad, serán los conejillos de indias que usarán en las investigaciones biomédicas, según un proyecto de ley que está por aprobarse en la Asamblea Legislativa.
Así lo denunció ayer Xiomara Rojas, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores Estatales (SITECO). Según la denuncia se trata del Proyecto de Ley Reguladora de Investigación Biomédica, Expediente Nº 17.777, que se encuentra dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Sociales, y listo para ser aprobado en el plenario legislativo.
A criterio de la sindicalista, “el mismo contiene un artículo que a todas luces es ilegal, contrario a las normas internacionales y los derechos de la persona humana. Se trata del artículo 64 que crea un grupo de personas denominadas ´subordinadas´ en quienes se podrán realizar investigaciones biomédicas, entre las que se incluye a los policías. Esta norma no existe en ningún país del mundo, precisamente porque es absolutamente ilegal, contraria a los convenios internacionales en la materia y constituye una violación a los derechos humanos de los policías de nuestro país”, dijo molesta Rojas.
Agregó que existe de un proyecto alternativo, redactado por una mesa de diálogo en la que participó la Universidad de Costa Rica y personas de la sociedad civil, científicos ampliamente conocedores del tema, que elimina el concepto de grupos subordinados por considerarlo ilegal y violatorio de la integridad humana.
“Siteco, se opone en forma rotunda a que se manipule a los oficiales policiales como conejillos de indias para cualquier tipo de investigación biomédica. Una vez más los policías son considerados ciudadanos de segunda categoría, por diputadas y diputados de la actual Asamblea Legislativa, a quienes nos les interesa la seguridad e integridad personal de estos trabajadores”, comentó la sindicalista.
Rojas reiteró que Siteco exige al Ministro de Seguridad Pública pronunciarse ya en defensa de sus subalternos para impedir que sean obligados a participar en tales investigaciones.
En el mismo sentido retó a la ministra de Salud a explicarle a la opinión pública por qué consintió que una norma ilegal y violatoria de derechos humanos fundamentales permanezca un ese proyecto de ley.
