Industriales piden romper monopolio de combustibles y mercado eléctrico

En la imagen Marta Castillo vicepresidenta ejecutiva y Juan Ramón Rivera Presidente de la CICR. CRH

La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presentó una propuesta para una política Industrial 2030, en la que piden cambios a largo plazo que incluyen la eliminación del monopolio de combustibles y una apertura del mercado eléctrico.

Afirman que esperan que esta sea una política de Estado y no de gobierno, por eso el plazo, dentro de la propuesta destacan tres ámbitos: Innovación y Competitividad, Empleo y Desarrollo Humano y Ambiente y Desarrollo.

En el caso de los combustibles, solicita romper con el monopolio en la oferta de este producto, promoviendo la competencia y garantizando al usuario una mayor eficiencia y un precio más competitivo.

En el tema de energía, la CICR plantea abrir a una competencia regulada el mercado de la generación eléctrica para aumentar la oferta de electricidad. “La propuesta incluye reforzar la investigación, desarrollo e innovación de tecnologías alternativas, así como establecer programas nacionales de eficiencia energética”.

Marta Castillo, vicepresidenta ejecutiva de la CICR, resaltó que lo que visualizan “es una empresa para el 2030 que sea una empresa industrial innovadora, que se transforma a sí misma y al entorno, que genera colaboración y crecimiento en capacidades y respeta a la persona, a la sociedad y al planeta”.

Además, porponen una reestructuración institucional del Ministerio de Obras Públicas (MOPT), del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Instituto Costarricense de Puertos (INCOP) y JAPDEVA.

“La intención es fomentar el uso del ahorro nacional existente de fondos de pensiones, INS o Bancos Públicos, para financiar el desarrollo de infraestructura de transportes”, expresó Castillo.

En el apartado de innovación y competitividad se incluye la creación de la Agencia Nacional Promotora de la Innovación, ANPI una entidad de carácter público no estatal, que contaría con recursos humanos y financieros para liderar el proceso de transformación hacia una economía basada en la innovación.

Destacan la necesidad de una racionalización y una mayor eficiencia del gasto público, con la inclusión de una reforma tributaria y fortalecer y modernizar la Administración Tributaria.

La institución promueve consolidar un único sistema nacional de avales y garantías y la incorporación y aceptación por parte del sistema financiero de garantías mobiliarias para favorecer a las Pymes. Así como promover mejoras en la oferta del crédito, las tasas de interés competitivas internacionalmente y los programas de acompañamiento.

Solicitan que las decisiones de políticas comerciales como la negociación de nuevos TLC o esquemas de integración, sean tomadas en instancias público-privadas creadas por ley, como el Consejo Consultivo de Comercio Exterior.

En el apartado de empleo y desarrollo humano, solicitan que se busque una oferta laboral adecuada a las necesidades de la demanda del sector empleador y los centros de enseñanza y capacitación; es por ello que la CICR propone transformar el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en un ente público no estatal, con lo cual se busca que sus acciones respondan a criterios técnicos y a las necesidades del mercado, despolitizando su accionar. Como otra medida, también se destaca el fortalecimiento de la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación Pública (MEP) y su vinculación con los sectores productivos.

En cuanto al tema de ambiente y desarrollo, la misma propuesta indica promover de manera clara y transparente la política de compras verdes, fomentar el financiamiento de operaciones innovadoras, alentar la normalización, regulación y evaluación de la conformidad de productos sostenibles y fomentar la adopción de instrumentos de eco-diseño, producción más limpia y disminución de la contaminación, también forman parte de las soluciones.

En cuanto al tema de la administración de los recursos, la iniciativa destaca el establecimiento de programas nacionales de ahorro de recursos, que fijen un plazo y metas de reducción para todas las actividades socioeconómicas del país, incluidas las del propio Estado.

Por último, la política industrial de la CICR es clara en que se debe definir un plan de acción de corto plazo para el estudio, investigación y desarrollo de nuevas fuentes generadoras de energías o para proyectos que prueben la eficacia de las fuentes alternas ya existentes; y que ello incluya la asignación de recursos económicos.

La propuesta fue presentada al Gobierno el día de ayer.

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