Pese a que por la tarde los cancilleres de Costa Rica y Panamá llegaron a un acuerdo sobre los problemas del maltrato de los camioneros costarricenses en suelo canalero, todavía anoche los dirigentes no habían dado la orden de levantar el movimiento, ya que no les habían informado en qué consistía el arreglo.
Así lo explico ayer Maryorie Lizano de la Cámara de Transportistas Unitarios de Costa Rica (CCTU).
Desde el sábado, unos 500 tráileres que se encontraban estacionados a ambos lados de la carretera en las cercanías de la frontera de Paso Canoas, y del lado panameño unos 350; aseguran que la policía canalera les estaba dando un trato inhumano a los costarricenses.
El problema consistía en que los camioneros realizaban todos los trámites migratorios y luego se les otorga el permiso de ingreso a Panamá, pero cerca del puente del río Chiriquí, a 2 kilómetros de Paso Canoas, los oficiales de Senafront (policía panameña) los detenían para investigarlos y los dejan retenidos hasta horas. Luego, les hacían partes por cualquier motivo y les dejaban decomisadas sus unidades hasta que se trasladaran, ya sea en taxi o bus, hasta David a pagarlos. Si no lo pagaban, no podían seguir su travesía, pese a que las leyes panameñas dan 30 días para su cancelación.
Esto es considerado como un verdadero abuso de autoridad de la policía panameña.
El bloqueo protagonizado por transportistas ticos desató la molestia del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien sostuvo que era culpa del Gobierno tico esta protesta, ya que no había cumplido los acuerdos en materia de transporte, según dio a conocer la agencia EFE.
Para las negociaciones, el canciller de Panamá, Fernando Núñez Fábrega, viajó hasta suelo nacional para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo, donde en pocos minutos se llegó a un acuerdo que permitiría levantar el bloque.
Como primer punto, mencionó que Costa Rica se compromete a presentar un proyecto de ley para flexibilizar el tratamiento fiscal de los transportistas panameños que ingresan al país. Según Castillo, actualmente el Estado les exigen que paguen impuestos de importación, e incluso las autoridades de aduanas y policías fiscal les decomisan el vehículo hasta que ejecuten el pago, lo que califica como un “trato excesivo”.
El segundo acuerdo es que Panamá agilizará el trámite de pago de los partes que impongan a transportistas ticos, pues genera un atraso de hasta 8 días.
