La decisión de la Sala Constitucional de eliminar el beneficio de pago de cesantía mayor a 20 años llevó a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) a denunciar a los magistrados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Albino Vargas, secretario ejecutivo de la Anep, explicó que lo que está haciendo este alto tribunal es una injusticia hacia los trabajadores que se encuentran amparados por una convención colectiva. A criterio de la Anep, este tema ha tomado especial relevancia luego que los magistrados resolvieran a favor varias acciones de inconstitucionalidad presentadas en contra del tema de cesantía en convenciones colectivas de varias municipalidades.
“Nosotros creemos que al darse un fallo tan cerrado (4 contra 3 magistrados) esto nos demuestra que el tema tiene un corte ideológico neoliberal, lo cual es perjudicial para las personas trabajadoras del sector público”, afirmó Albino Vargas.
AFECTADOS
Entre las municipalidades afectadas por estas resoluciones se encuentran San José, San Pedro, Turrialba y Santa Ana, pero según indicó Vargas, hay varias que tienen el mismo sistema de cesantía ilimitada por años trabajados que tendrán el mismo destino.
“Me parece que se veía venir que la Sala iba a ha hacer un llamado sobre abusos que dieron en algunas convenciones colectivas de años ilimitados para determinar el pago de cesantía. Yo mismo he promovido el diálogo para sentarnos a negociar estas injusticias, algunos tienen solo 8 años de cesantía mientras otros tienen 20, 25 y hasta 40 años. En ese sentido la mejor salida es el diálogo para ponernos de acuerdo en un rango o punto medio que beneficie a todos”, afirmó Olman Segura, ministro de Trabajo.
Para Vargas este tema no es negociable, ya que considera que lo que la Sala está haciendo en cierta manera es satanizando las convenciones colectivas, pues existen otros instrumentos que permiten el pago ilimitado de la cesantía como lo es cuando los patronos liquidan anualmente a los empleados o aquellos que se encuentran en asociaciones solidaristas. También el Gobierno Central utiliza este tipo de beneficios “gravosos” a criterio de la Sala IV, cuando realiza movilidad laboral, pero en estos casos nadie los cuestiona.
