Sectores urgen aprobación de Ley de FIV, pese a que consideran que es incompleta

El solo hecho de poner en discusión del Plenario el proyecto de Fertilización in Vitro ya es ganancia. Así describen los sectores interesados en la ratificación de la ley, el hecho de que el proyecto que se dictaminara en la Comisión de Asuntos Sociales sea de cuatro artículos y no el que envió el Ministerio de Salud, que califican como mucho más completo.

Tanto los expertos en la técnica, como los abogados involucrados en el proceso de demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coinciden en que al proyecto tendrían que hacérsele una serie de cambios, pero lo importante es ponerlo en discusión.

La doctora Delia Rivas, pionera en medicina de reproducción asistida y una de las primeras especialistas en aplicar Fertilización in Vitro en el país, explicó que todos los días atiende a mujeres que sufren de infertilidad, pero que, pese a que la el fallo de la Corte permite la técnica en el país desde el año anterior, no se atreven a realizarlo por no existir una regulación clara. De aquí la urgencia de que exista una legislación.

La especialista apoya el hecho de que la ley lo que tiene que hacer es legalizar el proceso, pero le corresponde a los entes competentes, como el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos reglamentar la técnica.

Añade además, que uno de los puntos con los que discrepa del proyecto de ley es con la prohibición a la criopreservación, que congela los embriones para que no se dañen y poder usarlos en el futuro.

“Nosotros siempre pensamos que en el punto de la criopreservación, se debió de permitir que los embriones se donen. La ley es para legalizar, los otros órganos como el Ministerio de Salud y el Colegio de Médicos son los que deben regular. En el caso de la penalización se desconoce hacia que se dirige, pero el principio de levantar la prohibición es lo ideal”, explicó Rivas.

De acuerdo con la doctora Rivas, el comportamiento de la mujer costarricense es de suspender el ser madre para alcanzar metas educacionales y de vida o para lograr una estabilidad económica, por lo que, cuando intentan tener un hijo, por lo general mujeres mayores a los 35 años, ya se aumentan los casos de complicaciones, así que también aumenta el porcentaje de mujeres que requieren ayuda médica para poder concebir.

“Desde el inicio, nos hemos esperado y hemos sido respetuosos hasta que se reglamente, porque es lo que falta en esto, hasta que no haya una reglamentación, no vamos a  aplicar el proceso. Queremos que se aclare en su totalidad y se cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana. Yo todos los días diagnostico a una mujer con algún problema de infertilidad, es necesario que haya una regulación”, dijo Rivas.

Por su parte, el abogado Boris Molina, representante de uno de los grupos de las parejas demandantes, explicó que aunque no es el idóneo, el dictamen del proyecto de ley, los pone un paso más cerca de su aprobación.

“El proyecto no cumple con las exigencias de la sentencia, omite el tema de cuantos óvulos estarían fecundados, para establecer ahí cuantos se van a implantar. Pero al menos logra la aprobación en Comisión y lo lleva a la discusión en el Plenario, ahí vamos a ver quienes son los que de verdad se oponen”, añadió Molina.

Además, el Abogado explica que la penalización se debe corregir, al igual que el tema de la fecundación de los óvulos, pero rescató que pese a que la ley no toca el tema de que la Caja Costarricense de Seguro Social debe ejecutar el proceso, el solo hecho de que la Corte fallara a favor de la técnica, ya obliga a la Caja a implementarla.

“La Caja debe velar por los derechos de los asegurados y la FIV ya es un derecho humano consagrado. Nosotros ni siquiera le pedimos a la Corte que indicara si la Caja lo debía aplicar, porque sabíamos que una vez permitida la técnica, la Caja debía llevarla a cabo”, dijo Molina.

El proyecto, que fue una iniciativa del diputado Luis Fishman, consta de cuatro artículos, en los que se establece que se prohíbe la implantación de más de tres embriones fecundados y que será sancionado con prisión de dos a seis años al que done, negocie, venda, compre o comercie con embriones humanos.

Plantea también que el Ministerio de Salud, como ente rector en la materia de salud pública, deberá establecer sistemas de inspección, control de calidad y requisitos mínimos de funcionamiento de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida. Para ello deberá de coordinar estrechamente con la Caja Costarricense de Seguro Social la creación e implementación de dichos mecanismos.

Los diputados de la comisión de sociales que avalaron el dictamen, explican que aprovecharon una oportunidad para dictaminar este proyecto, ya que los otros tienen tantas mociones, que no será posible verlos avanzar.

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