Los trabajadores de los 45 Equipos Básicos de Asistencia Integral en Salud (Ebais) ubicados en los cantones de Curridabat, Montes de Oca y varios distritos de La Unión, se alzaron en paro por dos motivos específicos: para que no se les prive de sus actuales empleos y en defensa de la salud pública.
Usuarios que llegaron a los diferentes Ebais ubicados al este de la capital en unos fueron atendidos y otros no, porque los empleados se sumaron a la convocatoria efectuada por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) y por las juntas de salud. Los que se sumaron a la medida de presión solo atendieron emergencias.
En total, son 400 trabajadores los que laboran para el Programa de Asistencia Integral en Salud (PAIS), administrado por la UCR, pero que quedarían cesantes a partir del 14 de febrero del 2014, debido a que el rector de la Universidad, Henning Jensen, optó por no ampliar el contrato de administración con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), esto por una deuda que tiene la entidad aseguradora por más de ¢5.000 millones.
De concretarse, el Sindeu sostiene que será el mayor despido de funcionarios que se dará en la UCR, pues los trabajadores del PAIS son empleados de esa institución.
¿PRIVATIZACIÓN?
Además, se manifestaron en contra de la adjudicación de 36 Ebais a la Universidad de Iberoamérica (Unibe), por considerar que se da una privatización de la salud, pues según explicó Rosemary Gómez, secretaria general del Sindeu, la administración recayó sobre una sociedad anónima “y una sociedad anónima tiene fines de lucro pues es una figura mercantilista lo que va en contra de lo contemplado por la Constitución Política, por lo que queremos que la Caja eche atrás en la adjudicación y que sea la instancia que suministre el servicio”, recalcó Gómez.
Los trabajadores marcharon hasta las oficinas centrales de la Caja donde entregaron un documento exigiendo a la junta directiva revertir la decisión tomada.
Según comentó Gómez, para el 28 de setiembre las organizaciones sociales se reunirán para determinar la próximas acciones a seguir en nivel nacional.
Al respecto, María Eugenia Villalta, gerente médica de la Caja dijo que el proceso de adjudicación se realizó de manera transparente y la decisión se basó en criterios técnicos y de razonabilidad de precios.
“Esta decisión de la Junta Directiva de la CCSS, no transgrede el artículo 73 de la Constitución Política de Costa Rica, como erróneamente se está mencionando, pues se trata de una contratación a terceros que se realiza para ofrecer un servicio básico de atención integral en salud a los pobladores de esas comunidades”, detalló.
Villalta descartó que se trate de una privatización de servicios, recordó que desde 1988 la entidad emplea la figura de administración con la cual se da servicio a 742.630 personas del Valle Central.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Fotos: Mariano Ramírez
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Viernes 20 Septiembre, 2013
HORA: 12:00 AM
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