Ayer fue el inicio de una nueva escalada de quejas en el sector de los policías penitenciarios que se lanzaron a las calles a protestar, asesorados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Por la prohibición constitucional de la huelga en los servicios esenciales no se paralizó la vigilancia en los centros penales, sino que participaron quienes concluyeron ayer su trabajo y comenzaron sus días de descanso.
Se trata de policías representantes, principalmente, de los centros penitenciarios Circuito La Reforma (La Reforma propiamente dicha, San Rafael, Adulto Mayor y El Virilla), San Sebastián, El Buen Pastor y cárceles regionales como la de Pococí (entre otras), quienes se sumaron a esta primera jornada de protesta. La segunda está programada para el próximo lunes 30 de setiembre.
Los manifestantes tuvieron una pequeña escala en las afueras de la cárcel de San Sebastián, desde donde salieron desfilando hacia la sede central del Ministerio de Justicia y Paz, en inmediaciones de la Clínica Bíblica, para terminar en las afueras del Ministerio de Hacienda.
Son tres los asuntos que han creado de nuevo una ola de malestar entre los policías penitenciarios. Según Albino Vargas, el más importante es que se ignora cuándo se reconocerá en el salario base un reajuste pendiente producto de la más reciente modificación en el manual de puestos de la Fuerza Pública.
Si las bases salariales de ésta se modifican, las de la Policía Penitenciaria deben ser ajustadas proporcionalmente. A esto se la llama homologación.
“Un histórico fallo judicial, a partir de una demanda laboral de la ANEP, logró que en la Policía Penitenciaria la situación de Disponibilidad se reconozca salarialmente, lo cual ha generado una gran cantidad de deudas que, al igual como en el primer caso, no se sabe cuándo ni cómo serán honradas”, comentó Vargas.
Adicionalmente, la Policía Penitenciaria desea continuar con su jornada “7 × 7”, de lunes a lunes. Cualquier variación en la misma no solamente afectará a sus integrantes, sino a la institución y no desean cambios como los que impulsa el Gobierno por el caos vial generado por el cierre de la ruta de circunvalación.
DIARIO EXTRA intentó conocer la versión de la ministra de Justicia Ana Isabel Garita, pero no atendió su celular.
