Rancho quemado en La Fortuna de Salitre. Cortesía de Álvaro Paniagua, funcionario de la Defensoría de los Habitantes.
En el mes de julio de este año representantes de la comunidad indígena Bribrí de Salitre habían alcanzado un acuerdo con el Gobierno de Luis Guillermo Solís para garantizar la integridad física y territorial de los habitantes. El Gobierno se había comprometido con un puesto policial, pero dicho acuerdo no se ha cumplido.
Felipe Figueroa y Marino Delgado de la comunidad de Salitre, se presentaron junto a Gustavo Oreamuno de la Ditso, en la sede de a Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) para denunciar lo que ellos aseguran es un incumplimiento y un “silencio vergonzoso” por parte del gobierno.
“Venimos a dar a conocer las agresiones que hemos estado sufriendo de los finqueros (…) vienen desde hace dos años pero se han intensificado (…) han sacando a las familias a balazos, con insultos y hasta quemando las casas”, dijo Felipe Figueroa.
Además denunció que no se sabe que ha pasado con las petitorias que le habían hecho al Gobierno y dijo que ahora decidieron tomar iniciativas locales para retomar su territorio.
Estas iniciativas serán dentro del territorio indígena, y según Figueroa “todo lo que nos pertenece es nuestro derecho (…) vamos a tener que defender esos derechos, el derecho que nos pertenece dentro del territorio (…) aunque sea utilización de la fuerza”.
“Es una lucha que se ha venido dando desde hace mucho, desde que nos sacaron violentamente de la Asamblea, y habíamos decidido no volver a la capital (…) ahora ellos han retomado el conflicto (finqueros) a pesar de que las leyes son claras y no deben hacerlo”, comentó molesto Marino Delgado.
Gustavo Oreamuno dijo que iniciarán una campaña en los próximos días para anunciar la verdad de lo que ha estado pasando en Salitre.
“Es vergonzoso el silencio del gobierno (…) ha habido ataques en la pasada semana y el gobierno sigue sin decir nada (…) por eso con la ayuda de organizaciones, vamos a iniciar una campaña internacional”, dijo Oreamuno.
Siguió comentando que gracias a la movilización y presión de los compañeros indígenas en la capital, la comisión de derechos humanos ha convocado a la viceministra de Presidencia Ana Gabriel Zúñiga a que rinda cuentas sobre el silencio del gobierno.
Según Oreamuno ya los indígenas se han reunido en varias ocasiones con el gobierno, y se les denunció y comunicó todo lo sucedido esperando una respuesta, “pero no hay hechos ni palabras” y dijo que tienen conocimiento de que se ha roto la mesa de diálogo.
Figueroa denunció que en el cantón de Buenos Aires, las,personas son “racistas y entonces no puede brindarse seguridad a nosotros”.
Por último, la comunidad exige 7 desalojos administrativos por invasiones territoriales, brindar seguridad en integridad física a la comunidad dentro del territorio, intervención para la revisión de los límites territoriales, y la ejecución de tres auxilios policiales planteados ante las recientes invasiones.
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