El Foro Nacional de Vivienda (FNV) aseguró que Ingrid Rangel y Karina Araya, reclusas desde el 28 de febrero anterior, son presas políticas, esto pese a los cargos que se les impusieron.

Para el grupo, Rangel y Araya son dirigentes comunales en la provincia de Puntarenas que el día 27 de febrero, cuando fueron detenidas, estaban “pidiendo por una vivienda digna”.

“En Costa Rica, un país famoso en el mundo por su larga tradición democrática y respeto a los derechos humanos, ya se rompió esa preciada conquista que tanto nos enorgulleció durante décadas; la libertad de petición”, indicaron mediante comunicado de prensa. 

Manuel Salinas, dirigente del foro, aseguró que a Rangel y a Araya les dictaron prisión preventiva de un mes “injustamente”.

“Ellas sólo estaban manifestándose por su vivienda digna, a una la acusan de haber golpeado a un motociclista, pero no fue ella, fue otra muchacha, y a la otra la detuvieron porque andaba algo en la mano, pero ellas no tienen nada por lo que se les tenga que detener”, manifestó Salinas. El grupo organizado tenía planeada una manifestación frente a la cárcel El Buen Pastor, donde se encuentran las dos mujeres para ayer domingo, sin embargo, la pospusieron debido a que podían bloquear el acceso a las visitas para las privadas de libertad.

Salinas detalló que el FNV está redactando una denuncia para interponer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de liberar a Araya y a Rangel y que “se conozca lo que se está viviendo en Costa Rica”.

“Es muy complicado, una de ellas tiene un bebé de pecho y una operación a corazón abierto, no es posible que estén en prisión solo por reclamar sus derechos”, acotó Salinas.

Los miembros del FNV culpan al actual ministro de Vivienda, Rosendo Pujol, de todas las acciones que se generaron tras las manifestaciones del 27 de febrero.