El Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación hizo público hoy un nuevo proyecto de Ley de Radio y Televisión.

La iniciativa tiene como pilar el que el espectro radioeléctrico es un bien público, por lo que se debe garantizar el acceso a los habitantes.

En específico, por ejemplo, propone que un 50% de frecuencias se asigne a operadores comerciales, un 30% a comunitarios y un 20% a instancias públicas.

Se concesionara por un periodo máximo 20 años, los dueños podrán solicitar una prórroga de 10 años; después de ese plazo la frecuencia entrara de nuevo a concurso.

Catalina Montenegro, una de las proponentes quiso ser enfática en que el proyecto no contempla sanciones por contenido, como si lo pretende el borrador de proyecto de Ley de Radio y Televisión que impulsa el Gobierno.

"La regulación de la radiodifusión debe fomentar la existencia y el desarrollo de la mayor cantidad posible de emisoras de radio y tv con una programación variada que brinde espacio a las múltiples voces" señalan los proponentes.

Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas, señaló que ambas propuestas deben someterse a valoración, pero de momento la propuesta del Poder Ejecutivo no la respaldaría por contemplar sanciones que atentan a la libertad de los medios, como es pretender cerrar un medio por difundir palabras groseras.