En abril los profesores de todo el país protestarán contra la política de impuestos de la administración Solís, la Ley de Reforma Laboral y la insistencia sobre la Ley de Empleo Público o salario único.

Así lo aprobó la asamblea de presidentes de base de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE). 

Esta movilización marca el inicio de una fuerte lucha en cumplimiento del mandato de una de las asambleas de presidentes de base, de convocar a una huelga en el momento en que los proyectos de Ley de Empleo Público y otros que afecten a los trabajadores ingresen al plenario.

Previo a aprobarse la moción Ana Doris González, presidenta de APSE, hizo un resumen de la coyuntura actual que golpea a los trabajadores de la educación y al pueblo en general. Se conoció el análisis jurídico del proyecto de Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base en el Sector Público de la fracción liberacionista, que al igual que el presentado por el Movimiento Libertario violenta los derechos laborales y salariales de los trabajadores públicos.

Los proyectos relativos a los impuestos sobre la renta y las ventas tendrán un fuerte impacto en el consumidor, por lo tanto APSE los rechaza.

González hizo un llamado a los presidentes de base a llevar la información a los compañeros de los centros educativos, a fin de estar preparados para las luchas que se avecinan contra las políticas del sistema neoliberal.

APSE es uno de los sindicatos más grandes del país al contar con 30 mil afiliados y en los últimos tiempos ha tenido diferencias con el gobierno por la forma en que se efectuó la negociación salarial del semestre en curso, lo que la llevó a interponer una denuncia ante la Inspección del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

González explicó que aunque apenas están planeando la protesta, se da por un hecho que será una movilización por las principales calles josefinas y contará con la participación de los profesores de todo el país. Agregó que entre los principales temas que analizan está el rechazo al salario único, que fue propuesto por la administración Chinchilla y presentado recientemente mediante una iniciativa por la diputada liberacionista Sandra Piszk.

“También estamos en contra de la Reforma Procesal Laboral porque contiene muchas restricciones administrativas para poder realizar las huelgas. Esa ley es un atentado contra el derecho a la huelga”, sentenció.