Los vecinos de Quepos solicitaran a los diputados de Puntarenas interponer sus gestiones para que el Gobierno intervenga en el Parque Nacional Manuel Antonio, donde aseguran hay múltiples irregularidades.

Los vecinos lograron que la Sala Constitucional acogiera para estudio dos recursos de amparo y que el Ministerio de Salud detuviera la instalación de dos contenedores, cerca de la laguna donde una empresa privada vendería comida y objetos, luego de que se le otorgó una concesión, tal  como lo publicó DIARIO EXTRA en su edición de ayer.

Enrique Soto, de la Asociación de Desarrollo de Quepos, manifestó que la primera gran irregularidad es que los contenedores se colocaron en los 50 metros restringidos de la zona marítimo terrestre. “La administración dice que los Parques Nacionales están exentos de respetar la zona marítimo terrestre; pero nadie nos ha enseñado alguna  ley donde lo diga”, comentó.

Explicó además que es ilógico que la administración para justificar los errores con los concesionarios ahora digan que para su instalación no se requieren permisos municipales. “Entonces por qué  la instalación la detuvo el Ministerio de Salud por la carencia de  permisos. Estamos cansados de que en el Parque  hagan las hagan a escondidas. Pero ya no vamos a aguantar más. Le estamos pidiendo a los 5 diputados de la provincia de Puntarenas que vengan y se reúnan con nosotros para que intervengan en esta situación”, comentó.

Agregó que desean impulsar una modificación a la ley de creación de ese parque, para variar los destinos de los recursos que ingresan por las entradas. Según los datos de esa asociación, anualmente por concepto de entradas se recogen alrededor de ¢1.000 millones de un aproximado de 400 mil personas que lo visitan, la  mayoría extranjeros.

No obstante el 50% va a parar a un fideicomiso para el pago de las tierras de los campesinos que se desalojaron para la creación de ese parque. El otro 50% es para la consolidación y mantenimiento, pero se la llevan otros parques.

“Con el dinero del fideicomiso ya se pagó el 95% de las tierras, solo se debe una finca, mientras ¢8 mil millones los tienen guardados haciendo nada”, dijo Soto.

Para el dirigente comunal en ese parque hay sospechas de que hay corrupción.

“Una cooperativa vende los tiquetes de entrada al parque y ellos depositan el dinero en la Caja del Estado. Entonces por qué ellos le tienen que dar un bono de ¢10 millones al año al administrador del parque. Eso se conoció en una reunión, donde él mismo lo dijo. Y luego rectificó diciendo que era para los gastos de los guardaparques. No sabemos como es eso que la cooperativa le da un cheque a él por $20 mil para que los gaste discresionalmente. Se lo dijimos al ministro y le pedimos una investigación. Si quieren hacer una donación que la haga por los medios que deben de ser”, concluyó Soto

Intentamos localizar ayer a Mauricio  Salazar, administrador del Parque Manuel Antonio, pero no contestó las llamadas.