El lago Arenal ubicado junto al volcán que lleva el mismo nombre es una zona fuerte turística en Costa Rica.EFE/Archivo
Un grupo de vecinos de la comunidad de Los Chiles, en la frontera norte, denunciaron ante el Concejo Municipal de Los Chiles una supuesta invasión a sus casas por parte de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Las personas habitan en la franja de la milla fronteriza, pero actualmente rige una moratoria estatal que establece que los vecinos de estas comunidades no pueden ser desalojados y hay varias iniciativas de ley que buscan regular la situación de estos costarricenses.
En la nota enviada por los vecinos a los representantes del Concejo Municipal de Los Chiles, plantean que Francisco Arce, funcionario del OIJ, dos empleados de la policía de fronteras y dos miembros del Minae han estado haciendo mediciones en los terrenos e incluso colocaron unas cercas al rededor de una de las casas.
Uno de los vecinos alegó que cuando se le acercó al funcionario del Minae para preguntarle que estaban haciendo, este le indicó que era un asunto “confidencial”.
“Las medidas fueron realizadas desde la aguja de aduanas hacia la propiedad de Felix Carranza, notándose también que instalaron mojones. Además, en la propiedad de Luis Molina demarcaron un área de 2 kilómetros. Molina les consultó que estaban haciendo y le respondieron que eso era confidencial. Mismas medidas realizaron en la finca de los Solano, Hermanos Ortega y de Antonio Peinado”, indica la nota enviada por el Comité cívico pro-titulación de Las Tablillas.
En la nota se detalla además que la Policía de Fronteras ha estado tomando fotos de las propiedades sin consentimiento de los habitantes y alegaron que la situación continúa tomarán “medidas drásticas”.
Además de esta nota, le dirigieron una misiva al presidente de la República Luis Guillermo Solís y aunque les acusaron el recibido, no han tenido respuesta del Mandatario.
La diputada Aracelly Segura afirmó que la situación es sumamente preocupante, pues hay vecinos que han denunciado intentos de desocupación de funcionarios estatales sin orden judicial e irrespetando la moratoria.
“Estas personas se encuentran en una situación sumamente delicada y nos toca a nosotros aquí en el Plenario darles respuesta, no es posible que tengan que soportar ese tipo de humillaciones y de atropellos”, dijo Segura.
Por su parte, la diputada Nidia Jiménez agregó que ante la denuncia de desocupación hecha por la diputada Segura, había consultado a las autoridades estatales involucradas y no había ninguna orden oficial al respecto, pero detalló que lo que preocupa es que la zona donde se encuentran estas personas es, además, protegida como reserva biológica, por lo que la situación para los habitantes se complica.
“Esta no es una simple moratoria, es una oportunidad para que se hagan los estudios correspondientes, para que se determine de manera científica responsable, qué procede hacer en cada una de las zonas de refugio”, dijo Jiménez.
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