La asociación Consumidores de Costa Rica insiste tanto a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) como a la Asamblea Legislativa en dar trámite y aprobar el proyecto Ley Marco del Mercado de Gas Licuado de Petróleo y sus Usos, cuyo texto entró a la corriente legislativa en el 2011, en el cual se establece la apertura del sector a la competencia, a fin de que más empresas puedan brindar el servicio.

La solicitud de Consumidores de Costa Rica se revive luego de que el país atravesara una crisis por desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) o gas de cocina, originada por la separación interna causada por el divorcio de los dueños de Gas Nacional Zeta.

A raíz del pleito, miles de familias y taxistas se vieron afectados por el desabasto, lo mismo que dueños de restaurantes, sodas, escuelas, colegios y hospitales, entre otros.

Se estima que a nivel nacional alrededor de 700 mil familias usan gas licuado y Gas Nacional Zeta concentra el 70% del mercado, aspecto que no cuenta con la aprobación de Consumidores de Costa Rica, que más bien aboga por una mayor cantidad de empresas que provean GLP.

SEGURIDAD DEL CONSUMO

Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, dijo que el proyecto presentado por esa instancia busca, entre otros, lograr la seguridad del consumo de GLP, promover la competencia del mercado, a fin de evitar las concentraciones y por consiguiente el desabasto, así como lograr un ordenamiento del mercado y fortalecer las funciones como ente rector.

“Es un proyecto de ley en el que se le da contenido presupuestario para que el Minae pueda hacer su función. Mediante la creación de un canon adicional se le proveerá de $1 millón al año al Minae para que haga su labor de fiscalización. (…) No es un costo muy alto, más bien robustece y fortalece la función del Estado”, explicó Ulate.

Entre los aspectos que se agregan en el proyecto está la creación del Registro Nacional de Cilindros, el cual será manejado por el Minae, instancia que conocerá la ubicación de cada uno de los envases de gas en el país, así como su condición.

Se promueve que los cilindros tengan una vida útil de no más de 10 años. Las plantas de las empresas envasadoras, distribuidoras y comercializadoras deberán tener regentes en las plantas.

Asimismo, si algún cilindro está en mal estado se deberá destruir y al cliente se le deberá dar otro nuevo.

“En la ley actual los cilindros son de la gente y no son alquilados, como lo han hecho creer por años las empresas. El actual modelo tarifario aprobado por la Aresep señala que la empresa está en la obligación de darles mantenimiento a los cilindros.

Por ejemplo, las compañías son las encargadas de cambiar las roscas de paso por las que dicen los bomberos, pues ese costo está incluido en el modelo tarifario y la tarifa también incluye el mantenimiento”, explicó.

Ulate manifestó que en la propuesta se incluye el llenado universal de los cilindros, pues al ser una concesión de servicio público se debe garantizar el suministro continuo a la población.

En la actualidad el Minae trabaja en un reglamento cuyos detalles se ultiman para someterlo a audiencia pública con el fin de recoger las observaciones y recomendaciones, las cuales, si caben, serían incorporadas.

Además a fin de mes vence el plazo dado por esa cartera para el llenado universal de cilindros y para ese entonces las empresas deberán haberle entregado al Minae un plan de inversión de adquisición de nuevos cilindros.

SIGUE INVESTIGACIÓN

La Intendencia de Energía de la Aresep remitió a las Dirección General de Atención al Usuario de esa instancia la documentación, prueba recabada e informe técnico, durante la crisis del gas para que valore si procede abrir una investigación administrativa contra Gas Nacional Zeta ante la afectación del servicio.

En las indagaciones efectuadas por la Aresep se determinaron cuatro incumplimientos: dos por concepto de impedimento de ingreso a las plantas envasadoras y dos por problemas detectados en los sistemas de incendios.

Según informaron en la Aresep, se abrió una investigación preliminar para determinar si se cuenta con los elementos necesarios para una indagación administrativa contra Gas Nacional Zeta.