Una acción de inconstitucionalidad pretende que el estudio de impacto ambiental del proyecto para ampliar la ruta 32, que comunica San José con Limón, se haga más detallado y no de forma abreviada, como estipula la ley.
La gestión se establece contra los artículos 17 y 18 de la Ley 9293 que aprobó el financiamiento para rehabilitar y extender esa vía. Dichos artículos estipulan un procedimiento ‘abreviado o ‘expedito’ por el cual debe realizarse el estudio que otorgará la viabilidad de parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
“Lo allí dispuesto constituye una desmejora a las regulaciones habituales para la realización y aprobación de tales estudios técnicos, y se debilita la actuación de Setena, especialmente si se valora que este proyecto puede catalogarse como de categoría A, y por ello de alto impacto ambiental potencial”, cita el expediente 15-008236-0007-CO.
La acción fue presentada por la Federación Ecologista de Costa Rica (Fecon) el pasado 11 de junio. La agrupación recalca que se estaría vulnerando el artículo 50 de la Constitución Política.
“Solicita se suspenda la aplicación de las normas impugnadas, se convoque a una audiencia pública dentro de la acción, y se declare la inconstitucionalidad de dichas normas”, añade la petición.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional explicó que la acción se encuentra en estudio de admisibilidad, a resolverse en los próximos días.
Las obras estarán a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (Chec, por sus siglas en inglés), con un empréstito otorgado por ese país asiático por un monto cercano a los 400 millones de dólares.
“No hay estudios previos”
Mauricio Álvarez, presidente de Fecon, explicó a crhoy.com, que se estaría violando el derecho a un ambiente sano al exigir a Setena proponer una evaluación ‘atropellada’ y en ‘carrera’. Con plazos desproporcionados y cortos.
“Esta calle no tuvo estudios de impacto ambiental previos y es una zona con tubería de Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), lo cual implica un nuevo plazo para este oleoducto con estudios (…) Hay ubicadas entre nueve y 10 Asadas, cuyas fuentes de agua se deberían dejar de utilizar porque están a la orilla de la carretera”, describió Álvarez.
No es el primer señalamiento polémico que se realiza sobre el proyecto, ya se habló de inquietudes en los diseños, la relocalización del poliducto y la elevación en el costo total de la obra con algunas modificaciones planteadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt).
“A pesar de que se quiera hacer un trámite expedito, no hay un trámite así para un oleoducto y la carretera, que de por si, en la evaluación de Setene se debería a un proyecto de alto impacto, con Categoría A. Se implica un estudio ambiental completo, por este tipo de detalles. No hay un estudio de impacto ambiental, por lo vieja que es la carretera”, expuso el ecologista.
Álvarez dijo que se estarían violando las competencias de Setena al ponerla como ‘juez y parte’. “En ningún en el reglamento se le da esa potestad a Setena, fue medio ambigua esa ley, que le da la potestad de decir que (Setena) va a colaborar. Advertimos a la sala sobre eso”, citó.
Mauricio González, viceministro de Infraestructura, aún no menciona cuándo enviarán el contrato con Chec a la Contraloría General de la República (CGR). No obstante, la semana pasada adelantó que firmarán una adenda para que la empresa se comprometa a incluir en el calendario de los trabajos los servicios públicos que serán relocalizados.
Dejen de estorbar para que se haga algo bueno pues con trabas tontas no se hace patria
Estos ecologistas tienen una habilidad innata para retrasar el desarrollo de este país!! Es impresionante su capacidad!!