Familias aún no reciben una solución definitiva.
Tras otra reunión durante la noche del lunes entre el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro y las familias desalojadas la semana anterior de una finca en Palmar Sur, el Gobierno no logró un acuerdo para ponerle fin al conflicto que mantiene a los pobladores en las calles.
En la reunión de ayer el Gobierno entregó un documento a las familias de la comunidad de Chánguena, con las acciones que realizaron hasta el momento las distintas instituciones.
Entre estas propuestas está que el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas) daría un soporte económico a las familias para el pago de alquiler de vivienda o asistencia para aquellas que si tienen donde vivir.
Para ello, el domingo se levantó un listado de las familias que clasifican para ser objeto de esta ayudas. A hoy, se han entregado 31 beneficios.
Así también, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y la Universidad Nacional trabajan en una propuesta para implementar un proyecto productivo para dotar a las familias de una opción de empleo.
De acuerdo con el ministro, la comunidad tiene “algunas dudas sobre la legalidad administrativa y judicial del proceso”.
Este lunes, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (Pusc), Gerardo Vargas, dio a conocer un supuesto acuerdo ilegal entre la Procuraduría General de la República (PGR) y el empresario que había solicitado el desalojo de la finca, un hombre de apellido Echeverría.
Según Vargas, tiene en su poder documentos públicos, que verifican que Echeverría no es propietario ni arrendatario de la finca.
De acuerdo con el legislador, hace más de un año la Procuraduría, “por razones inexplicables” en su criterio, firmó un acuerdo conciliatorio con el empresario, quien tuvo un contrato de arrendamiento que se firmó en 1991 y venció el 29 de junio 2011.
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