El conflicto por tierras que protagoniza un grupo de campesinos de la Zona Sur del país, tras ser desalojados hace 10 días, sube de intensidad y parece que hasta podría ponerse violento.

No solo porque aducen que Casa Presidencial ignora sus necesidades y se niega a negociar, para proteger intereses de un empresario nacional, sino porque otros grupos nacionales han decidido darles su apoyo incondicional.

La tarde de ayer dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva y Afines Portuarios (Sintrajap) llegaron hasta el lugar en apoyo al movimiento en la zona, donde Liroy Pérez, secretario de prensa, aseveró que si el gobierno no les da una pronta respuesta a los campesinos sureños “estamos dispuestos a ir a medidas de presión en los muelles de Limón”, dejando entreabierta la posibilidad de paralizar los muelles de Moín.

ALFARO DESMIENTE REUNIÓN

Pese a que los campesinos de Chánguina y Finca 3 de Osa esperaban la llegada del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, para seguir negociando una salida al conflicto por tierras, mediante un comunicado de prensa Presidencia respondió que no habían pactado su presencia este jueves en el lugar.

“Cabe aclarar que durante este encuentro no se acordó una reunión para el día de hoy jueves, debido a la solicitud de un tiempo oportuno por parte de los vecinos para analizar las iniciativas del Gobierno de la República”, se lee en un comunicado oficial de Zapote.

Lo anterior evidentemente causó malestar entre los campesinos, quienes tildaron a Alfaro de engañador. Según los vecinos que protestan, ellos enviaron un documento la tarde del miércoles indicándole al funcionario que la opción viable para un arreglo era la compra de la tierra de donde los desalojaron.

Reza el documento de los campesinos “Para resolver este problema el Inder no tiene una finca, por tanto es viable la opción de comprar esta propiedad, en ese sentido sugerimos que hagan una oferta a sus dueños. Y nos informe mañana cuando volvamos a la mesa de negociación al ser las 5 p.m., en el edificio de Surcoop”.

El dirigente comunal Renier Canales afirmó que eso es mentira, “cualquiera que lo diga en Casa Presidencial miente, pues el documento que les entregamos lo dice perfectamente, lo esperamos el jueves a las 5 p.m., y de ello la prensa tiene copia”.

¿TERRORISMO?

Otra de las denuncias hechas por Erick Morales, presidente del grupo de campesinos de Finca Chánguina, es que unos 25 matones presuntamente al servicio de un empresario nacional “llegaron hasta los ranchos donde se encontraban las familias a quemarlos, portando grandes cantidades de combustible en pichingas, armas de fuego y machetes con los cuales destruyeron las cosechas de los campesinos”.

Pero mientras esto ocurre con los campesinos, en la Cooperativa Autogestionaria de Producción de Palma y Cacao y de Servicios Múltiples (Coopalca) el administrador del club social ubicado en Finca 2-4, Roy Mendoza, dijo que este jueves cerca de las 2 a.m. los vecinos escucharon una explosión y luego vieron prenderse en llamas la parte trasera del club, por lo que llamaron a los bomberos.

Por la mañana, después de presentar la denuncia en el OIJ, llegaron los investigadores con la Unidad Canina, con la cual descubrieron que hubo mano criminal, pues al parecer utilizaron un galón con gasolina y otros aditivos.

“Trajeron los perros, estos dieron positivo, pero tienen que ir a un laboratorio para analizar los químicos que utilizaron… A mí me han amenazado que me van a quemar la casa, que me van a quemar a mí y que van a joder a los manifestantes del puente”, declaró.

CLASES SUSPENDIDAS

El conflicto suma ocho días, en los cuales las cuatro principales centros educativos del lugar no han impartido clases, por lo que el director interino de la Escuela Finca 3, Franklin Porras, salió al paso a indicar que los profesores están llegando, son los padres sumados a la manifestación los que no mandan los niños a la recibir lecciones. 

Kattia Salazar, supervisora de Circuito del MEP, dijo que las instituciones siempre están abiertas, que los profesores van a la escuela y que llamó a la sensibilización a los padres para que manden a los niños a clases, ya que en Finca 2-4 y 3 hay unos 80 alumnos sin recibir lecciones y en Finca 6 y 9 unos 30.

MINISTERIO DE SALUD

Si bien es cierto, tal como lo informó DIARIO EXTRA, los campesinos deben hacer sus necesidades debajo del puente sobre el río Térraba, ayer en la mañana funcionarios del Ministerio de Salud visitaron el lugar para realizar una encuesta, a lo que el dirigente campesino Daniel Villalobos dijo que se trataba de algo sin fundamento.

“La encuesta solo recopila edad y lugar de las personas, por lo que demeritaron dicha labor y no quisieron ofrecer los datos de esa manera”, comentó.

Además cabe señalar que Yancy Mora, personera de la Defensoría de los Habitantes, se apersonó para ver el acompañamiento que las instituciones del Estado les han dado a las familias y de paso DIARIO EXTRA supo que la propia Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes, llegaría a valorar la situación.

Los manifestantes lanzaron un llamado a los 57 diputados de la República para que se presenten a la zona y conozcan el litigio.

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Anoche a las 8:30 los campesinos recibieron la respuesta del ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, donde les indicaba que no cederían a la petición de los vecinos de la zona, debido a que la finca se encuentra con una serie de gravámenes que impiden ayudarles por el momento.

Además el Estado amenazó con enviar a los niños al Patronato Nacional de la Infancia si no los sacan para evitar ponerlos en riesgo, al igual que a los adultos mayores.

Al cierre de edición y al momento de recibir el comunicado los manifestantes tenían el puente cerrado y los dirigentes iban a reunirse para valorar las acciones a seguir debido a la negativa del gobierno.