Los desalojados criticaron a las autoridades y realizaron protestas. (Imagen del Ministerio de Seguridad)
Autoridades del Gobierno y las personas que fueron desalojadas de finca Chánguena y Finca 3, en Palmar Sur, lograron un acuerdo el viernes al filo de la medianoche, en el que se previó principalmente proteger a los niños de familias afectadas.
Durante el día, las poblaciones vulnerables permanecerán en un albergue en Palmar Norte. Ambas partes se comprometieron a reiniciar el diálogo, el próximo martes a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Rectoría de la Universidad Nacional, en Heredia.
Mientras tanto, los manifestantes se comprometieron a mantener abierto al menos un carril del puente, lo cual desde anoche trajo calma al lugar.
Las organizaciones campesinas asumieron el compromiso de mantener el libre tránsito vehicular en un carril del puente sobre el río Térraba, entre Palmar Norte y Palmar Sur.
La Fuerza Pública y la Policía de Tránsito darán apoyo para mantener el orden y no habrá represalias de ninguna naturaleza contra las personas manifestantes por haber participado en este conflicto agrario, siempre que en adelante se mantengan en el marco de la legalidad.
Además el Gobierno trabajará en la búsqueda de elementos para ampliar las perspectivas de una solución permanente.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, reiteró que mantendrá abierta su disposición al diálogo en aras de procurar una solución, dentro del marco de la legalidad, que beneficie a los agricultores y sus familias.
El próximo lunes 10 de agosto se realizará una visita técnica a la zona por parte de personeros del Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), entre otros entes estatales.
Entre los testigos de honor estuvo presente el cura párroco de Palmar Norte, Gerardo Fernández.
El conflicto ha sido polémica pues el diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas, denunció irregularidades en el proceso por un presunto acuerdo ilegal entre la Procuraduría y el empresario dueño de la finca, que el ente negó.
En realidad fue el diputado Gerardo Vargas Rojas del PUSC quien hizo la denuncia