Con el apoyo de 5.000 firmas, diputados y ciudadanos se unieron para presentar un recurso de amparo contra el decreto ejecutivo con que el presidente Luis Guillermo Solís legalizó la fertilización in vitro (FIV).

La conmemoración del 194 aniversario de la Independencia fue aprovechada por los sectores como una cita histórica para manifestar su oposición a esa técnica de reproducción asistida, que consideran violenta la vida y los derechos de los niños, entendiendo que desde el momento en que un óvulo es fecundado ya es una persona que debe tratarse con igualdad de condiciones.

En el decreto autoriza la transferencia de un máximo de dos óvulos fecundados, pero permite fertilizar los necesarios para lograr ese objetivo. Para los que no son implantados prohíbe el desecho, la comercialización, la experimentación, la donación y la clonación.

Sectores católicos y evangélicos critican qué va a suceder con esos óvulos fecundados, que se mantendrían congelados.

“Para ir a la segura, lo que hemos hecho es plantear un recurso de amparo, certificamos ese recurso, y una vez hecho presentamos la acción de inconstitucionalidad.

La falta del Presidente de no pensar en el interés superior del niño, está por supuesto el derecho a la vida.

Por una norma inferior no se pueden violar los derechos humanos de esos niños que van a ser creados en el laboratorio”, declaró la abogada Alexandra Loría. 

Los diputados del bloque cristiano, Fabricio Alvarado, Mario Redondo, Abelino Esquivel y Gonzalo Ramírez, junto a legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como Johnny Leiva impulsaron la acción legal.

“Nuestra posición no es que tenga que ver con criterios religiosos, sin embargo los impulsores de la FIV siguen manteniendo ese discurso para deslegitimar.

Nuestra posición es en defensa de la vida, con criterios basados en asesores que los han apoyado, concienciar al costarricense que es una posición responsable, en defensa de la vida, y nunca en contra de las parejas que tienen infertilidad”, comentó el legislador.

PROYECTO DE LEY 

El diputado insistió en que promueven un proyecto ley para tratar de forma integral la infertilidad, por lo que lamentó que el gobierno no le dé prioridad.

Además Redondo dijo que en todo caso la técnica debe regularse vía proyecto de ley, el cual se estima la próxima semana entrará al plenario legislativo.

“Es un mal menor, es menos malo, cierra un montón de portillos que están abiertos en este decreto que no solo tiene muchos errores de constitucionalidad y muchos errores desde el punto de vista técnico.

Es muy peligroso porque usted puede llegar y decir en un decreto 'está prohibida la manipulación de embriones humanos', pero no establece ninguna sanción”, indicó.

Mientras se presentaba el recurso, la Organización de Naciones Unidas (ONU) felicitó a Costa Rica por presentar el decreto en acatamiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El presidente Solís expresó que era un deber cumplir con la sentencia, pero reconoció la legitimidad de quienes se oponen.

“Los recursos son enteramente legítimos, constituyen una expresión tan importante como cualquier otra de una opinión nacional que debe ser tomada en cuenta, corresponderá a la Sala IV resolver en definitiva cuál es la vía de ese decreto.

También habrá otros recursos a los que puedan recurrir como que los diputados produzcan una ley que termine con el decreto si este no es considerado satisfactorio, pero había necesidad de ratificar la adhesión de Costa Rica al derecho internacional y al cumplimiento de la sentencia”, manifestó.