Barrantes es parte del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros y del Foro Nacional de la Vivienda. (Imagen tomada de Blogspot)
Dos líderes gremiales –activistas de causas como agricultores en el Caribe o vivienda –se convirtieron en pocos días, en la cara al frente de diversos grupos que critican al Poder Judicial. Esto por una sentencia que consideran forzada, excesiva y hasta política. Incluso los comparan con Leopoldo López, opositor encarcelado en Venezuela.
Son Orlando Barrantes Cartín e Iván Angulo Vargas, a quienes el Tribunal Penal en Pococí condenó por el delito de secuestro extorsivo, ocurrido en una manifestación de agricultores en Guápiles, el 12 de diciembre del 2000. El por tanto de la sentencia se conoció el miércoles anterior.
El abogado de ambos, Minor Badilla, fue enfático en cuestionar la decisión de las jueces (presidido por Yuliana Vallecillos, junto a María Sanders y Sergio Ramos). Incluso la calificó de una “vendetta (venganza) jurídica”, pues aseguró que no hay argumentos para relacionarlos con la falta que efectivamente se cometió en las protestas de hace casi 15 años.
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En la protesta en Guápiles de diciembre del 2000, un grupo de campesinos pidieron acciones al gobierno, entonces presidido por Miguel Ángel Rodríguez. Pero la protesta escaló cuando se bloqueó el paso en ruta 32, la Fuerza Pública reaccionara y los manifestantes terminaran amarrando a policías a un camión cisterna y hasta amenazaran con hacerlo explotar.
¿Qué se dijo sobre lo sucedido?
Posteriormente él y otros fueron amarrados con otros compañeros a una camión cisterna de combustible y los amenazaron con hacerlo explotar. En ese momento el abogado defensor señaló que fue una “simple manifestación” y calificó de “exagerada” la demanda del Ministerio Público y la calificación de secuestro extorsivo.
Otro policía Ángel Cruz Cruz relató que se les vino encima “el pueblo entero”. Estos lo esposaron, robaron el arma y el radio de comunicación.
“De los tres policías que comparecieron como ofendidos, solo Cruz pudo identificar a Barrantes como parte del grupo de manifestantes. Empero, dijo desconocer si él ordenó que los retuvieran”, publicó el medio. Pero los atacados si acordaron que los amenazaron con matarlos y quemarlos.
“Delfín Montero Villalobos, uno de los manifestantes y testigo de la defensa, afirmó que Orlando Barrantes les habló en el parque de Guápiles para que marcharan a Guácimo a reunirse con gente del gobierno y periodistas”, se informó en ese momento del juicio.
La acusación del Ministerio Público
La Fiscalía detalló que en el parque de Guápiles se manifestaron varios campesinos para hacerle una solicitud al Gobierno. Como parte de la manifestación, los manifestantes cerraron un tramo de la ruta 32, por lo que la Fuerza Pública trató de evitarlo.
“En respuesta a la acción policial, los acusados llevaron un camión cargado de piedras para lanzar al cuerpo policial, hasta hacerlo retroceder. Sin embargo retuvieron a 7 oficiales de la Fuerza Pública, los amarraron a un cisterna y colocaron cartones e inflamables, señalando que, si no concedían lo que los manifestantes pedían al gobierno, ellos iban a quemar a los oficiales”, aseguró la parte acusadora.
La Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad también agregó la semana pasada que sus agentes fueron capturados, golpeados y luego los esposaron al cisterna, por varias horas.
La denuncia fue interpuesta por una asesora legal de la Fuerza Pública el 12 de diciembre del 2000.
El defensor de Barrantes y Angulo afirmó que la investigación de las autoridades judiciales fue “pésima”. Mencionó que en el 2000 hubo un manifestante y líder llamado Orlando Rojas.
Este habría sido consignado como Orlando Barrantes en una publicación periodística, por lo que el abogado cree que hubo una confusión en toda la acusación. Pero criticó que no se llamó al comunicador como testigo. Así mencionó que no se consignó si fue su defendido quien participó.
Testigos, juicio político y el rol de la policía
En marzo Barrantes insistió a la Presidencia en que despidiera al Ministro de Vivienda. (Archivo CRH)
Badilla negó que Barrantes y Angulo hayan hecho un plan para secuestrar a los policías e instigara a los manifestantes. más bien dijo que se llevó a Orlando Barrantes al punto de la protesta, para que sirviera de mediador, pues no había acercamiento en la comunicación entre el Ministerio de Seguridad, las autoridades y el grupo.
Además cuestionó la información dada en el proceso, por quien fuera jefe en la Fuerza Pública, Orvil Ruiz. Esto porque Angulo intentó mediar, ante el fracaso de los líderes de los campesinos con los agentes. Ya en ese momento se habían dado detenciones de ambos lados.
El abogado señaló que en ese momento Angulo mencionó que se soltaran los detenidos, pero lo dijo en términos de que él no era el líder, sino que un grupo de dirigentes debía tomar esa decisión.
El defensor no negó que se diera un delito de privación de libertad agravada contra los policías, pero no cometida ni ordenada por sus clientes. Igualmente criticó a Ruiz, pues dijo que a él se le ordenó evitar el bloque en la ruta 32, no que enviara un contingente de antimotines. Badilla culpó a este exagente de generar el choque.
Desde el pasado jueves 17 de setiembre se le consultó a la Oficina de Prensa de la Fuerza Pública, sobre el rol que se tuvo y una posición de quien fue jerarca en el 2000, pero no se ha recibido respuesta.
En una entrevista al Semanario Universidad en el 2006, Orlando Barrantes dijo que la única prueba que se presentó es un video, tomado cuando habló en el parque de Guápiles y “el testimonio del entonces jefe de los antimotines, Orvil Ruiz, quien me ubica en el sitio del enfrentamiento desde las 10 a.m.”.
“Cualquiera que lea la acusación del Ministerio Público se da cuenta que no demuestra ningún hecho participativo mío, sino que me llama ‘agitador'; dice que organizo a la gente para que se movilice contra los gobiernos, que encabezo movimientos de protesta. Es decir, es una acusación estrictamente política. Cuando Orvil Ruiz declaró en el primer juicio anulado en julio, repitió exactamente lo mismo que está escrito en la acusación”, mencionó el sentenciado al Semanario.
En el 2005 el Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros, del cual Barrantes es parte, señaló que “el principal testigo de la Fiscalía es el ex jefe de la policía antimotines, Orvil Ruiz, despedido posteriormente de la Fuerza Pública por falsificar documentos”.
“Ruiz ha presentado un falso testimonio, contradictorio incluso con el testimonio brindado por su propio jefe, el Director Nacional, que absuelve a Barrantes. El testimonio de Ruiz está lleno de expresiones políticas que incriminan a los acusados por sus actividades sindicales y comunales”, destacó Conatrab.
Diputados marcharán
Guevara y Vargas presentaron el recurso. (CRH)
Desde esta mañana se reunió un grupo liderado por la hija de Orlando Barrantes, Azucena Barrantes, para valorar medidas a aplicar, ante la detención. El abogado Minor Badilla agregó que hoy se presentará formalmente la apelación a la prisión preventiva.
El diputado Otto Guevara dijo que respeta la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial, pero reiteró la “llamada de atención” pues consideró la sentencia “desmedida y desbordada”, al no existir un peligro de fuga.
El libertario junto a Gerardo Vargas del Frente Amplio presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional, el cual fue acogido para estudio.
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Guevara no dudó en comparar el caso con la condena a Leopoldo López en Venezuela. Dijo que los sentenciados no participaron en el acto de detener a los policías, en el 2000. Por eso señaló que es “muy delicado”, pues se le permitiría al Poder Ejecutivo iniciar procesos penales contra dirigentes sociales y políticos opositores o críticos.
El congresista mencionó que se sigue oponiendo a marchas que afecten los derechos de ciudadanos o se bloqueen vías, pero dijo que se debe sancionar a los responsables o quienes agredan, no a líderes que no hayan dado una orden con ese fin.
hoy desde la 1:00 p.m. estos diputados y otros manifestantes a favor de Barrantes y Angulo marchan desde el Congreso hasta los edificios de la Corte Suprema de Justicia.
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