Imagen con fines ilustrativos. Archivo CRH
La propuesta del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, para presentar un proyecto que pretende modernizar el sistema de transporte público, regulando las plataformas digitales de transporte como Uber, ya chocó con pared.
Corella cree oportuno una iniciativa de este tipo tras el dictamen no vinculante de la Procuraduría General de la República (PGR) donde reitera que el transporte remunerado de personas es un servicio público y debe estar regulado. Sin embargo, el Foro Nacional de Taxistas reprochó el planteamiento.
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“Mientras unidos en una sola causa: defender el transporte público, ya establecido en el ordenamiento jurídico costarricense, ratificado en importantes pronunciamientos del Consejo de Transporte Público (CTP) y PGR (…) hoy aparece el ‘mesías’ de una transnacional que ha venido a ‘robarnos’ el sustento de nuestras familias y a violentar el ordenamiento jurídico establecido“, denunció el gremio en una misiva firmada por Gilberth Ureña Fonseca y José Luis Quesada, de la Comisión Nacional del Foro de Taxistas.
El legislador oficialista convocará a una mesa de diálogo que involucre taxistas, empresas de plataformas digitales para transporte y nuevas tecnologías.
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“El proyecto de ley debe tomar en cuenta las nuevas realidades en materia de transporte, movilidad y nuevas tecnologías. Debe abrir la discusión sobre plataformas digitales que utilizan la tecnología para ofrecer diferentes servicios de movilidad colaborativa a la ciudadanía“, aseveró Corella.
Para el diputado es necesario consensuar una regulación que competa a las innovaciones tecnológicas y el beneficio de los usuarios.
“La respuesta demuestra que nuestra legislación en materia de transporte debe ser modernizada para que contemple las nuevas tecnologías y plataformas de servicios en esta área”, citó el legislador alajuelense.
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“No nos queda más que no descuidar este otro frente, como lo es la Asamblea Legislativa, e intensificar las alianzas estratégicas con otros sectores sociales que luchan contra este tipo de legisladores (…) Aprovechamos públicamente para preguntar al diputado Corella por qué tanto interés en la defensa de esta empresa ya que nos deja mucha incertidumbre su posición, la cual es contraria a lo ya establecido”, describieron los taxistas.
La PGR basó su criterio en la Ley 7969 y su modificación en el 2011 cuando los diputados dispusieron que todo transporte remunerado sea un servicio público, así se trate de personas o de un grupo determinado.
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