Apse presentó acción de inconstitucional contra presupuesto

En la imagen Ana Doris González, de Apse. (Imagen archivo CRH).

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (Apse) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la actual Ley de Presupuesto por quebrantar el mandato de la Constitución en el que dice que se destinará el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación.

La Apse se fundamentó en que en el 2011 se reformó el artículo 78 de la Constitución Política, que garantiza el régimen de financiamiento de la educación pública costarricense, incluida la universitaria.

Con esa reforma se incrementó de un 6% a un 8% anual del PIB, el gasto que el Estado tiene la obligación de destinar a la educación pública.

“A partir del 2014, la Asamblea Legislativa debió aprobar la partida equivalente al 8% del PIB, con la finalidad de fortalecer el sistema educativo público. No obstante, en el período del 2014, se destinó a la educación pública únicamente un 7.2% del PIB”, explica el sindicato.

“En el ejercicio económico de 2015, se destinó solamente un 7.4% del PIB y en el actual proyecto de presupuesto para el períodos fiscal 2016, que se está discutiendo en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, tampoco se presupuestó el 8%”, advierte.

Para la Apse los Ministros de este Gobierno, en especial la de Educación Pública y el de Hacienda, en complicidad con la Asamblea Legislativa, han quebrantado “de manera sistemática y reiterada” el Estado Social de Derecho por formular y aprobar partidas presupuestarias que violentan dicho artículo.

Y con esa violación denuncian que en los últimos 3 años le han quitado a la educación pública más de medio billón de colones, monto que se pudo destinar a: construcción de escuelas, mobiliario escolar, mejoramiento tecnológico, fortalecimiento del transporte de estudiantes en zonas rurales, entre otras.

“No existe ninguna razón que justifique la infracción de esta norma constitucional; mucho menos razones de orden económico podrían justificar el reiterado desacato del mandato constitucional”, aseguró Ana Doris González, presidenta de la Apse.

“La observancia del mandato constitucional no puede quedar a merced del arbitrio o discrecionalidad de la Asamblea Legislativa, que tiene el deber ineludible de cumplir con lo que la Constitución Política le ordena, a cuyo imperio está sometido”, agregó.

Con el recurso presentado solicitan al Tribunal Constitucional, que declare la inconstitucionalidad de la ley de presupuesto y se advierta a los diputados que en los siguientes periodos presupuestarios deben destinar el 8% correspondientes por mandato constitucional.