Una de las mayores asociaciones de transporte de autobús del país presentó un documento a las autoridades de Aresep donde señalaron punto por punto las acciones que ellos consideran tiene que ejecutar esa institución para salvaguardar la sana administración pública. 

Según el documento firmado por Alfredo Villalobos Salazar, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), la Aresep tiene que actuar conforme se lo indica la ley y por el modelo de regulación vigente del tema. 

Tres puntos específicos espera el gremio que la entidad reguladora ejecute, uno de ellos, contemplado en el artículo 3 que define el servicio público debe ser calificado como tal por la Asamblea Legislativa para que sea contemplado bajo los controles de la institución, el cual estiman no se cumple. 

Señalan también el inciso C de ese artículo, que menciona que quien presente un servicio público debe tener concesión o permiso, situación que tampoco cumple Uber. 

Se les recuerda a los jerarcas reguladores que la entidad tiene por ley la obligación de regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente a quienes presten el servicio público, en este caso de transporte, para verificar entre otras instancias los precios y tarifas que cobran. 

Las cargas sociales, los impuestos y leyes laborales que contempla el artículo 6 de la ley de Aresep también es señalado como un punto que se debe evaluar para definitivamente declarar ilegalidad en el servicio que brinda la multinacional.

Con la llamada de atención, los jerarcas de Canabus esperan que de una vez por todas se cumpla la ley y se certifiquen las personerías jurídicas y declaraciones juradas de afiliaciones de quienes forman parte del servicio regular de transporte en país. 

Canabus cuenta con 90 empresas de autobuses afiliadas y ha estado muy pendiente del tema de la ilegalidad de Uber en Costa Rica.