Unidos como un solo bloque, representante de diversos sectores del transporte público regulado del país, llegaron hasta la Sala Constitucional para presentar sus argumentos en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento Libertario para buscar que la empresa Uber pueda operar de forma legal en el país, algo que este gremio rechaza rotundamente.

El documento entregado fue calificado como “el más importante en la historia” del transporte regulado del país y busca convencer a los magistrados que lo solicitado en la acción de Otto Guevara no debe ser aceptado, sino todo lo contrario; de no ser así, anuncian medidas de presión.

“Este país apostó por la formalidad, por la regulación, no es posible hoy que un artificio político de una persona, que ya sabemos como es que actúa, venga a tratar de echar por la borda lo que desde 1965 el país apostó”, dijo Alex Álvarez, representante de los autobuseros.

Y agregó: “Hemos estado haciendo las cosas bien, en forma, no estamos haciendo manifestaciones, usted no ve buses, no ve taxis afuera, no ve la gente en la calle porque sabemos que tenemos la razón, pero a partir de lo que se resuelva en contra de la legalidad sí nos van a tener de frente”.

El representante de los taxistas, Gilberth Ureña, apoyó lo dicho por Álvarez e insistió en que lo que Guevara consulta fue contestado en otros momentos, por lo que ahora nuevamente se debe rechazar.

“Los magistrados ya han señalado que el transporte público es de interés público y es regulado por el Estado y ratificó por consulta facultativa de la Asamblea Legislativa, que las leyes que existen son constitucionales”, indicó Ureña.

Por eso esperan que el fallo no varíe, se ratifique lo que ya ha dicho y la legalidad sea apoyada por la Sala IV, para que todo siga como hasta ahora.

Ureña aprovechó para pedir también una justicia pronta y cumplida; asimismo que los magistrados hagan conciencia de la relevancia que tiene este tema a nivel país en la necesidad de tener claridad.

“Actualmente hay una una incertidumbre muy grande en el sector, esto pone en riesgo a nuestras familias y es necesario que los magistrados lo entiendan”, concluyó Ureña.

La acción de inconstitucionalidad fue acogida para estudio por la Sala IV, que ahora tiene la última palabra.