Este jueves el líder indígena, Sergio Rojas, se presentó a una audiencia para la revisión de las medidas cautelares. Rojas que llegó acompañado de su abogado Rubén Chacón, estuvo de muy buen humor y siempre se le vio sonriente. 

En las afueras se aspostaron muchos de los presuntos afectados sobre el proceso de administración fraudulenta que se sigue contra el líder indígena. Al parecer se desconoce el paradero de ¢560 millones destinados a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre.

La abogada indígena Thais Vidal, que lleva los procesos de varios afectados, explicó que "muchos de los ofendidos llegaron hoy con pancartas hasta el juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas, en espera de que el juez Julio Gamboa revocara la medida de libertad del líder indígena. Consideran que su presencia en la escogencia de la junta directiva de la ADI de Salitre, significaba presión psicológica, ahora al andarse paseando como si nada implica un temor mayor para sus representados".

Desde el 27 de febrero los afectados en el proceso, le han solicitado a Vidal poner en conocimiento de la fiscalía todo lo que ha realizado el imputado, sin embargo pese a esto no ha hecho nada.

Para Doris Ortiz, una de las víctimas, la resolución no dejó nada, “si hay una medida cautelar y el juez dice que no incumplió nada y estaba en su derecho, entonces que no les pongan medidas y  nos digan como víctimas, ustedes no valen nada, no se ha perdido dinero y no se ha hecho nada, que lo dejen libre, porque en lo único que confiábamos era en la justicia”.

Consultada al respecto la fiscal de asuntos indígenas Ariana López, prefirió no emitir criterio. Indicó que el Ministerio Público apeló la resolución del juez que mantiene todas las medidas, excepto una que le prohíbe al encartado Rojas Ortiz, concurrir a otras instancias indígenas ostentando representatividad de la ADI de Salitre.